El pasado 16 de diciembre el parlamento húngaro aprobó una nueva ley que pretende evitar que los criminales condenados, los abogados sin escrúpulos y las ONG de derechos humanos se beneficien de las demandas judiciales contra el Estado. Y es que, desde 2017, los tribunales han fallado contra el Estado húngaro por una cantidad de diez mil millones de florines (28 millones de euros) en casos en los que los presos, apoyados por bufetes de abogados especializados, han presentado quejas sobre sus condiciones de vida en las cárceles, debido al hacinamiento, la falta de luz solar en las celdas o a instalaciones inadecuadas.

El gobierno húngaro suspendió el 18 de enero el pago de los fondos concedidos en un procedimiento de indemnización con efecto inmediato, para proteger los derechos e intereses de las víctimas de la delincuencia y eliminar los inaceptables abusos de las demandas penitenciarias. Unos días antes, el 9 de enero, Viktor Orbán se había manifestado rotundamente sobre este asunto: “Es imposible. Ayer consulté a la ministra de Justicia, le dije que no pagara ni un céntimo. Nos negamos a pagar a los criminales”. Posteriormente, el parlamento húngaro ratificaba la decisión del gobierno en marzo. 

La ministra de Justicia húngara, Judit Varga, presentó la ley que busca poner fin a los pingües beneficios obtenidos por los bufetes de abogados involucrados en estas demandas y, sobre todo, priorizar la compensación económica de las víctimas de los delitos en lugar de la de los autores. Por lo general, las víctimas de un delito no reciben ninguna clase de indemnización económica porque los perpetradores no tienen medios para pagar o porque se niegan a hacerlo. Sin embargo, muchos de esos delincuentes han recibido considerables sumas de dinero por demandas contra el sistema penitenciario. Gracias a esta nueva ley, cualquier compensación económica otorgada por los tribunales será retenida hasta que las autoridades hayan determinado que las deudas y reclamaciones de compensación de los condenados estén debidamente resueltas. Lo primero es resolver las reclamaciones de indemnización de las víctimas, y el resto, si procede, se transferirá luego a los presos. Además, el dinero no se depositará, como se hacía hasta ahora, en la cuenta bancaria de los bufetes de abogados, sino a las cuentas de las prisiones en donde se encuentran los condenados. Una vez que el preso beneficiado haya abandonado la institución penitenciaria se transferirá el dinero a una cuenta bancaria cuyo beneficiario exclusivo sea el adjudicatario. Esta medida es suficiente para desanimar a los bufetes a aceptar muchas reclamaciones, puesto que son los reclamantes los que pagan los gastos legales y solo podrán recuperar sus honorarios años después de que el procedimiento haya terminado. 

Varga también señaló que este sistema de demandas estaba afectando muy gravemente al sentido de justicia de los húngaros. Mientras los autores de delitos muy graves recibían compensaciones millonarias, sus víctimas no podían recibir las indemnizaciones concedidas por los tribunales. Son varios los casos que han provocado la indignación de la población húngara. Por ejemplo, los asesinos del maestro húngaro Lajos Szögi recibieron una compensación de varios millones de florines por la falta de luz solar en su celda. El maestro fue asesinado a golpes delante de sus dos hijas por una turba enfurecida después de un accidente de tráfico. Otros asesinos han recibido compensaciones por valor de 45 millones de florines.

Como era de esperar, la nueva ley ha sido duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos, destacando entre ellas el Comité Helsinki Húngaro (CHH), financiado por la Open Society Foundation de George Soros y que se opone radicalmente al gobierno de Viktor Orbán. La CHH, en nombre de la defensa de los derechos humanos, ha defendido lo que muchos ya han definido como la “industria penitenciaria”, y ante la decisión del gobierno húngaro de suspender el pago de indemnizaciones a los presos presentó una denuncia en mayo en el Consejo Europeo. Como de costumbre, esto no tiene nada que ver con los presos o los derechos humanos, derechos por cierto que se niegan a las víctimas de los delitos, sino con el dinero y los beneficiarios de estas demandas millonarias. 

¿Quiénes son los beneficiarios de esta industria? Uno de los más beneficiados es György Magyar, abogado y activista político liberal, y candidato del partido socialista (MSZP) en las elecciones parlamentarias de 2018. El bufete de Magyar ha demandado al estado por 544 millones de florines en 419 casos. Gergely Fahidi, miembro de la Asociación de Abogados para el Estado democrático de Derecho, que cursó sus estudios de posgrado en la Universidad Centroeuropea (fundada y dirigida por George Soros) y que trabajó para la CHH. Fahidi ha demandado al Estado por daños y perjuicios superiores a medio billón de florines en 324 casos. András Cech, cuyo bufete ha obtenido 360 millones de florines en daños y perjuicios para sus clientes. Varios miembros de su bufete han trabajado en la CHH como pasantes. Dániel Karsai, que ha obtenido 86 millones de florines para sus clientes en 83 casos y que presentó una denuncia en junio al Tribunal Constitucional húngaro por la suspensión del pago de indemnizaciones. Los socios de su bufete de abogados incluyen a Transparencia Internacional Hungría, la Unión de Libertades Civiles Húngara (ULCH) y el CHH. Transparencia Internacional es una ONG dedicada a combatir la corrupción fundada en Berlín en 1993 por Peter Eigen, entre sus ponentes en sus distintas actividades nos encontramos, por supuesto, a George Soros y, curiosamente, incluso a Baltasar Garzón. La ULCH, que ha hecho una campaña muy activa contra la llamada “Ley Stop Soros”, pertenece a dos grandes grupos internacionales INCLO y Liberties. El último es una ONG con sede en Berlín financiada por la Open Society. 

Pál Völner, secretario de Estado del Ministerio de Justicia, señaló que el gobierno húngaro ha mejorado las condiciones en las cárceles y ha realizado esfuerzos para reducir el hacinamiento. Solo en este año se han construidos nuevos bloques en las prisiones con capacidad para 2.750 reclusos. Völenr añadió que el parlamento ha puesto fin al inmoral “negocio carcelario” y que el nuevo sistema pondrá a las víctimas en primer lugar. Las victimas antes que los criminales, como debe ser.