El Correo de España entrevista a Gonzalo Fernández de la Mora y Varela, que fue presidente de la FNFF y actualmente es el director de la prestigiosa revista Razón Española, sobre la última hora en torno a la monarquía y la situación política de España.

¿Cómo valora el hecho de que el rey Emérito comunicase que se va a vivir fuera de España?

Ha sido la mejor solución posible, en mi opinión. Recapitulemos los hechos: en primer lugar, la justicia suiza informó sobre una donación de 100 millones de dólares enviada por Arabia Saudita y recibida por un trust del que el Emérito es el único beneficiario, y de la transferencia indirecta de parte de dicha suma a Corinna Larsen; en segundo lugar, Corinna declaró que el origen de dichos fondos era una comisión por la adjudicación del contrato del AVE a la Meca; y en tercer lugar, era imposible que España pudiera controlar a la justicia Suiza, ya que Suiza es un estado de derecho. En consecuencia, aunque el actual Emérito no está todavía procesado en Suiza, todos los indicios apuntan a que se trata de un claro caso de corrupción del actual Emérito, indicios reforzados por el hecho de que el interesado no ha transmitido a la opinión pública su versión de los hechos, pese a su manifiesta gravedad.

Con esos datos en la mano, Felipe VI tenía dos opciones: encubrir la corrupción del actual Emérito, fingiendo que no pasaba nada, o demostrar de forma pública que rechaza esa corrupción, y por lo tanto, al corrupto.

Lejos de ayudar a Felipe VI muchos piensan que lo debilita...

Creo justo lo contrario: al condenar al corrupto, Felipe VI se fortalece. Obviamente, se fortalece respecto de la posición de debilidad creada al descubrirse la corrupción del actual Emérito. Felipe VI se ha posicionado como un rey que respeta la ley, por dura que sea, y mediante una decisión que ha tenido que ser durísima tanto para él como para su padre, ha proclamado que la ley es igual para todos, caiga quien caiga. Esa decisión, en mi opinión, ha sido sin duda la mejor, dentro de un escenario de grave deterioro de la reputación de la institución, y será, probablemente, clave para el futuro de la monarquía.

E intensifica el debate sobre monarquía y república, hace años impensable.

El conocimiento público del carácter corrupto del actual Emérito causa evidentemente un grave daño a la monarquía española, y sobre todo una enorme pérdida de prestigio del actual régimen: ¿Qué podemos pensar de bueno del régimen nacido de la Constitución del 78 si su principal motor es corrupto?

Pero ese debilitamiento del actual régimen y de su monarquía no nace de la decisión de Felipe VI, sino del hecho de que la corrupción del actual Emérito haya llegado al conocimiento de la ciudadanía, que es un hecho previo. Muy al contrario, Felipe VI ha hecho todo lo que ha estado en su mano para mantener el prestigio de la monarquía, naturalmente en un entorno muy poco propicio, y creo que no se moverá un milímetro de esa senda que se ha trazado. Tengamos en cuenta que lo que ha revelado la justicia suiza sobre la corrupción del actual Emérito es muy probablemente sólo la punta del iceberg, y que Felipe VI no tendrá más remedio, en un futuro próximo, que adoptar medidas mucho más duras.

Y algo que pone en peligro los propios cimientos del régimen del 78.

En efecto, la opinión pública ya ha comprendido que el actual Emérito es corrupto, lo cual era impensable hasta hace muy poco. Adicionalmente, es altamente probable que la información sobre su corrupción se amplíe en los próximos meses, según vaya avanzando la causa judicial suiza, con las declaraciones y probables imputaciones de algunos de sus testaferros. La transformación del "motor" del actual régimen, que en pocas semanas se ha visto degradado, desde un héroe de proporciones homéricas, como los defensores de la Constitución del 78 le habían presentado durante décadas, a un anciano corrupto engatusado por su joven amante, ha supuesto un duro golpe para el régimen del 78.

En mi opinión el actual régimen estaba ya muy tocado antes de las investigaciones de la justicia suiza, por dos motivos esenciales, que son la partitocracia y el avance de los reinos de taifas. Definimos partitocracia como un sistema de gobierno en el cual los partidos políticos dominan los tres brazos del poder: ejecutivo, legislativo y judicial, y por lo tanto desaparece el Estado de Derecho, tal y como fue definido por Locke, ya que éste requiere la separación de poderes, y muy en particular, la independencia del poder judicial. La partitocracia del actual régimen español ha llegado ya a un nivel en el que los partidos políticos controlan sin tapujos la justicia, como hemos podido ver en las recientes sentencias del Tribunal Supremo prohibiendo a los nietos de Francisco Franco darle sepultura en el lugar de su elección, y transformando la proclamación de la República Catalana en una "ensoñación". El problema fundamental de la partitocracia, al desaparecer la independencia judicial, es que transforma la gobernación en un pillaje, lo que se denomina "el Estado como botín", y muy bien definida por Alberto Ruiz Gallardón: "los políticos nombran a los jueces que les han de juzgar". La población española no es todavía consciente de esta situación, aunque hay síntomas de que ello podría cambiar, como se manifiesta repetidamente en la valoración que expresa sobre los políticos.

Llamo "taifización" o "avance de los reinos de taifas", a la ruptura de la nación española, y la creación de nuevas naciones sobre el solar patrio. Este avance de las taifas puede verse en multitud de datos de la actualidad, que van desde la rebelión de Cataluña hasta la desaparición de los partidos nacionales en el País Vasco, pero lo que mejor lo refleja es que los partidos taifistas hayan obtenido 40 escaños en las últimas elecciones al Congreso. Ello se debe a que, para los votantes, resulta mucho más rentable votar a un partido local que a uno de ámbito nacional, porque los votos de los partidos taifistas se compran, y a muy buen precio: baste decir que Mariano Rajoy transfirió 5.000 millones de Euros a la Comunidad Autónoma del País Vasco a cambio del apoyo del PNV en su elección como presidente, es decir, casi 3.000 Euros por vasco. Estas cantidades astronómicas explican el ascenso de las taifas, incluso en Teruel:

¿Quién va a renunciar a ese maná que cae del cielo, sean cuales sean sus ideas políticas? Esa compra descarnada de votos tiene un efecto demoledor sobre el régimen porque fortalece a los partidos taifistas, lo que imposibilita formar mayorías en las Cortes, y a su vez implica que cualquier decisión de gobierno deba pactarse con multitud de pequeños caciques locales, atentos únicamente al cobro en efectivo de cada voto. Esta situación a su vez conduce a que los actos de gobernación sean cada vez más lentos, más ineficaces, y más contrarios al bien común. Por poner dos ejemplos: en primer lugar, el actual gobierno sigue regido en 2020 por los presupuestos de Montoro, por tercer ejercicio consecutivo, y en segundo lugar, en el primer pico del Covid algunas autonomías han dejado morir a sus ancianos por falta de capacidad hospitalaria propia, en tanto que a pocos kilómetros, en otras autonomías, había hospitales medio vacíos.

Estas dos heridas del actual régimen, a saber, la partitocracia y el taifismo, no son detectadas todavía por la opinión pública, por lo que no constituyen, por sí solas, un grave peligro para el régimen. Sin embargo, son fuerzas poderosas que minan la prosperidad de la ciudadanía, e incapacitan a las oligarquías gobernantes para responder de forma eficaz frente a los desafíos de la historia. Esta debilidad será tanto más relevante cuanto mayores sean los retos que nos plantee el futuro, y no podemos perder de vista que en breve nos enfrentaremos a la debacle económica generada por la desastrosa gestión del Covid. La combinación de circunstancias adversas previas (taifas y partitocracia), sumadas a las actuales (caída del Emérito y crisis del Covid), pudieran constituir un cóctel mortal para el actual régimen.

Esta huida ha envalentonado más que nunca a separatistas, izquierdistas y antimonárquicos.

El conocimiento público de la corrupción del actual Emérito ha reforzado en efecto a los separatistas, ya que se trata de una mancha gigantesca sobre el prestigio de España y sus actuales instituciones. La defensa de la unidad de España se ha hecho ahora mucho más difícil, porque a los defensores de la unidad de España nos toca explicar las bondades de permanecer unidos a un régimen que ahora se sabe corrupto. Y hablo de régimen corrupto porque, a la conocida corrupción del actual Emérito, se suma la sospecha de que el régimen actual ha encubierto dicha corrupción durante décadas, porque no resulta creíble que la oligarquía gobernante no conociera la realidad. En consecuencia, el advenimiento de los reinos de taifas está ahora mucho más cerca que hace unos meses, como se ha visto en los últimos días en el parlamento regional catalán.

En cuanto a los izquierdistas y antimonárquicos, evidentemente el conocimiento de la corrupción del anterior Jefe del Estado ha sido una excelente noticia, que han celebrado con alborozo, y que les da munición dialéctica en su camino hacia la república. Pero en mi opinión, la llegada de la III República no es inminente, como sí lo serán los procesos de secesión de Cataluña y Baleares, porque los españoles somos todavía mayoritariamente monárquicos, y creo que lo seguiremos siendo durante el futuro previsible, dado el miedo, que no dudo en calificar de intensísimo, que siente la derecha española hacia la república, ya que el recuerdo de las dos anteriores está muy presente.

Menciono únicamente a Cataluña y Baleares como regiones donde la secesión podría tener lugar en un futuro próximo, porque el País Vasco tiene mucho más difícil la secesión por dos motivos: en primer lugar, necesitaría el apoyo de sus tres provincias, y no parece probable que pudiera conseguirlo en Álava; y en segundo lugar, porque la secesión supondría perder la protección de las Fuerzas Armadas y policiales españolas, lo que, dada la potencia del brazo político de ETA, no es precisamente un escenario tranquilizador para el votante típico del PNV. Por esos dos motivos, el PNV se mantiene pasivo en sus teóricas aspiraciones secesionistas, y se centra en el expolio del presupuesto nacional.

Felipe VI declaró que el día que no lo quieran los españoles se iría. ¿Ve factible su abdicación?

No lo veo factible. Como he comentado previamente, una clara mayoría de los españoles ve con verdadero miedo el posible advenimiento de la III República, y no parece posible que ese miedo desaparezca o se atempere en el corto o medio plazo. La monarquía española está sólidamente asentada, en parte por la intensa propaganda de estos cuarenta años, y en parte por los tremendos errores de nuestras pasadas repúblicas.

Por lo tanto ¿Cree que los españoles deben apoyar la monarquía en este momento?

Sí, creo que en España la monarquía es preferible a la república, dados los espantosos antecedentes de la I, y sobre todo, de la II República. Hoy prácticamente nadie en la derecha apoya la república, al contrario de lo que ocurrió en anteriores crisis de la monarquía, en las que la derecha se dividió. La llegada de la III República sólo podría hacerse desde la violencia, como fue el caso de la II República.

¿No cree que sería el momento para un movimiento del ejército y del pueblo, ante la infamia que nos gobierna?

La violencia ha sido desde siempre un factor clave para la conformación del poder. Los panegiristas de la democracia quieren hacernos creer que la violencia ya no tiene cabida en las democracias modernas, pero la realidad es evidente: tenemos casos muy recientes, como la caída de Evo Morales en Bolivia, o la renuncia del gobierno libanés en estos días. La violencia, como fue el caso en la llegada de la II República, sigue teniendo un peso capital en la gobernación.

En el caso concreto de la España actual, considero muy probable que la crisis económica generada por el Covid tenga graves consecuencias sociales, que probablemente generarán manifestaciones y protestas que podrían ser violentas, como ha sido el caso en Francia con los chalecos amarillos, en Chile con las manifestaciones de finales de 2019, o en Líbano y Bielorusia recientemente. En el caso francés la violencia callejera obligó al gobierno democráticamente elegido a modificar profundamente su política económica y fiscal, y en Chile ha forzado un cambio en la Constitución, pese a oponerse a ello la mayoría democráticamente elegida. Es difícil prever si en España las protestas que están por venir alcanzarán la violencia suficiente como para obligar al gobierno a dimitir y convocar nuevas elecciones, porque es evidente que el actual gobierno no dimitirá en el caso de manifestaciones pacíficas. En todo caso, una convocatoria anticipada de elecciones provocada por manifestaciones violentas es un escenario plausible, que no descarto.

No soy partidario de manifestaciones violentas en el corto plazo, porque, en mi opinión, las posibles elecciones posteriores no darían origen a un gobierno sustancialmente mejor que el actual. Creo que la capacidad del pueblo español actual para elegir buenos gobernantes es muy baja: la ciudadanía española es inculta, y le resulta imposible diferenciar los mensajes realistas de los demagógicos. Esta incultura generalizada del pueblo español, y que nos diferencia profundamente de países vecinos como Francia, tiene probablemente su origen en que la alfabetización de España tuvo lugar de forma simultánea con la llegada de la televisión, lo que hizo imposible su consolidación. Citaré dos ejemplos acerca de nuestro actual nivel cultural: en primer lugar, y como demuestran los informes PISA, al terminar los estudios universitarios, un español es menos culto que un finlandés al aprobar el bachillerato; y en segundo lugar, las ediciones de libros de ensayo, que en Francia típicamente alcanzan decenas de miles de ejemplares, en España raramente superan los mil. Con este bagaje, las elecciones a corto plazo sólo pueden llevarnos de Guatemala a Guatepeor, porque la demagogia será necesariamente la vencedora.

En cuanto a una posible intervención del Ejército, como ha sido el caso en Bolivia con la caída de Evo Morales, la considero prácticamente imposible a efectos prácticos, porque las actuales Fuerzas Armadas españolas ya se han integrado en la partitocracia: es imposible llegar a los niveles más altos de la jerarquía militar sin doblegarse previamente a las órdenes partitocráticas recibidas, fueren cuales fueren su legalidad o su demérito respecto al bien común. Las declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil con ocasión del Estado de Alarma reflejan con crudeza la realidad: "minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno" es asumido, pese a su manifiesta ilegalidad, como una orden que debe cumplirse sin la menor resistencia.

Si analizamos la situación a medio plazo, la perspectiva cambia: es probable que la situación social en España empeore sustancialmente, con franjas considerables de las clases medias cayendo en la clase baja, y segmentos enteros de la clase baja entrando en la dependencia de las subvenciones gubernamentales. Es un fenómeno que ya está en marcha, con un porcentaje considerable de jóvenes situándose por debajo de la posición social de sus padres, e imposibilitados de conseguir lo que hasta la crisis de la última década se daba por sentado: una vivienda en propiedad y un trabajo fijo. Este proceso se ha llevado a cabo con pocas alteraciones sociales, lo que es verdaderamente sorprendente, pero ya ha tenido un impacto electoral considerable: el ascenso tanto de Podemos como de Vox es inseparable de este fenómeno de empobrecimiento de nuestros jóvenes, que es el segmento de población mayoritario en estos dos partidos. Dadas las perspectivas económicas a medio plazo, es posible que estos dos desclasamientos lleguen a tener la envergadura suficiente como para generar movimientos sociales de envergadura, cuyo objetivo sólo podrá ser poner a la democracia en la picota, y exigir cambios económicos y políticos sustantivos desde posiciones electoralmente minoritarias, como han sido los casos citados de Francia y Chile.

En este escenario, y dada la ganancia en votos esperable para los partidos que vencieran en esas algaradas callejeras, las elecciones podrían ser útiles para traer una nueva mayoría al poder, con capacidad para llevar a cabo políticas realmente reformistas. Para mayor claridad, denomino políticas reformistas a aquellas dirigidas a liberarnos de la partitocracia y del taifismo. Dado el profundo envejecimiento de la población española, resultado de cuarenta años de bajísima natalidad, la mayoría electoral está en manos de los ancianos, que son por ley de vida muy reticentes al cambio, y por lo tanto, enemigos de cualquier reformismo. En consecuencia, los partidos reformistas se enfrentan a un escenario muy adverso para acceder al poder, y sólo podrán conseguirlo en la medida en que el propio régimen se desmorone, a través de las heridas ya señaladas.

Esta monarquía parlamentaria, ¿Es la ideal, o sería el momento para un nuevo tipo de monarquía más cercana a lo que fue históricamente esta institución?

La monarquía parlamentaria del actual régimen no es obviamente la ideal, de hecho preside unos de los momentos de mayor decadencia de toda la historia de España, que tiene su reflejo en la pérdida de la independencia judicial, la abierta rebeldía de Cataluña, el injusto reparto del presupuesto, con españoles de primera (con partido taifista) y de segunda, una corrupción endémica, una pérdida de natalidad que nos lleva a la desaparición de la población española nativa, y una crisis económica que muy probablemente supondrá una pérdida de renta mayor que nuestra última guerra. La monarquía actual se ha salvado a través de la propaganda, que ha alcanzado extremos ridículos, y el miedo de la clase media española al potencial advenimiento de la III República.

Considero muy improbable que la actual monarquía española gane peso, y adquiera alguna de las características, tanto de poder como de prestigio, que tuvo en el pasado. El único camino que veo para que ese difícil evento pudiera tener lugar sería una situación de vacío de poder en el transcurso de una grave crisis, como por ejemplo la secesión de Cataluña, en la que Felipe VI tomara las riendas para reconducir la situación, en línea con su discurso con ocasión de la proclamación de la República Catalana.

El futuro muy probablemente irá en sentido contrario: una monarquía más cercana a la prensa rosa que a la gobernación. La regeneración de la vida política española sólo podrá venir de políticos radicalmente enfrentados al actual régimen, es decir, a la partitocracia y al taifismo.

¿Cree que Felipe VI podría encarnar un movimiento de autoridad, o sería otro miembro de la familia real?

No veo nada probable que Felipe VI, o algún otro miembro de la familia real, pudieran encabezar un movimiento reformista, con una voluntad de cambio respecto al actual régimen. Visto desde la distancia, Felipe VI está sometido a la partitocracia reinante, y su único golpe de autoridad hasta el momento ha sido para defender el statu quo, obviamente vulnerado por la proclamación de la República Catalana, y no en un sentido reformista, siquiera fuera ligeramente.