En una serie de Comunidades Autónomas se han vuelto a tomar medidas en las que se solicita el pasaporte COVID, que supone tener las tres dosis de la vacuna, para poder entrar en restaurantes o consumir en una terraza de un bar, ir al gimnasio y un largo etcétera de lugares donde no pueden entrar los que no estén vacunados o no lleven ese pasaporte COVID en regla.

Estas medidas, según los decretos de los diferentes gobiernos autonómicos, se basan en estudios sobre efectividad de las vacunas frente a COVID 19 que según dicen textualmente, han demostrado ser muy eficaces tanto en la prevención de contagios como en la posibilidad de ingresar en hospitales y la gravedad de dichos ingresos.

En ninguno de los decretos se citan los datos de dichos estudios científicos que deberían avalar esas afirmaciones.

Dicen esos decretos que la vacunación completa tiene una efectividad de 60 al 85 % contra la infección, 90 al 99 % contra la hospitalización, 90 al 95 % contra la mortalidad y 65 al 99 % contra la enfermedad sintomática, apoyándose en estudios científicos que tampoco aportan.

Pero el mejor estudio epidemiológico es el realizado con datos reales y actuales de nuestro país en las manos y confirmar si esos supuestos estudios que dicen avalar las decisiones políticas son los correctos.

Hace unos días se ha publicado la actualización número 529 de la enfermedad por el coronavirus (COVID-19). Con datos consolidados a las 19 horas del día 23 de diciembre de 2021.

En este informe, realizado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se estudia la tasa de incidencia media semanal, entre el 18 de octubre y el 12 de diciembre de 2021 en 18 Comunidades Autónomas.

Tal como nos han repetido insistentemente las autoridades sanitarias, los grupos de mayor riesgo son aquellos de más de 60 años de edad, y el informe al analizar los datos encuentra que en los grupos de edad entre 60 y 79 años se produjeron 63.126 casos de COVID de los cuales 53.775 fueron en pacientes que habían recibido las tres dosis de la vacuna frente a 7.354 casos de no vacunados. Quiere decir que se contagian de COVID 7.3 veces más los vacunados que los no vacunados.

Pero si observamos la hospitalización, ingreso en UCI y fallecimiento encontramos cifras igualmente llamativas, de manera que ingresaron en el hospital 3.753 pacientes vacunados frente a 1.199 no vacunados. En UCI 508 pacientes vacunados frente a 262 no vacunados y fallecieron 271 pacientes vacunados frente a 101 no vacunados. O sea que se hospitalizan más del triple pacientes vacunados frente a no vacunados, ingresan en UCI el doble de vacunados que de no vacunados y fallecen casi el triple de pacientes vacunados que no vacunados.

Cuando observamos el grupo de edad de más de 80 años las cifras son aún más evidentes, de forma que en ese grupo se produjeron 9.969 casos en personas vacunadas frente a 1.069 casos en no vacunados, se hospitalizaron 2.320 pacientes vacunados frente a 390 no vacunados, ingresaron en UCI 48 pacientes vacunados frente a 18 no vacunados, falleciendo 511 pacientes vacunados frente a 124 no vacunados.

Quiere esto decir que en los grupos de personas de más de 80 años, o sea los más desprotegidos, los primeros que se vacunaron, se infectaron nueve veces más los vacunados que los no vacunados, se hospitalizaron seis veces más pacientes vacunados que no vacunados, ingresaron en UCI tres veces más pacientes vacunados que no vacunados y murieron cuatro veces más los vacunados que los que no recibieron ninguna dosis de la vacuna.

Por tanto la justificación de solicitar el pasaporte COVID y la necesidad de que la mayor parte de la población se vacune con tres dosis, no se ha basado en criterios científicos, ni siquiera los propios estudios elaborados por el Ministerio de Sanidad que provienen de los datos facilitados por cada Comunidad Autónoma avalarían esta decisión.

No se trata solo que los decretos en los que se exige pasaporte COVID, con tres dosis de la vacuna, sean anticonstitucionales y atenten contra los artículos 14 y 18 de la Constitucion Española, sino que el hecho de vacunar a la mayoría de la población está causando más contagios, mas ingresos hospitalarios y en UCI y muchas más muertes entre los pacientes con COVID vacunados con las tres dosis frente a los que no recibieron ninguna dosis.

Posiblemente existan responsabilidades más allá de la política, que las autoridades responsables deberán pagar antes o después ya que les va a resultar imposible demostrar la eficacia de esas vacunas que iban a ser la solución de esta pandemia tan mal tratada técnicamente, así como la necesidad de privar de derechos constitucionales a toda la población.