Marruecos nos está comiendo la soberanía o, mejor dicho, lo poco que queda de ella. La bomba de relojería inmigrante que asola las Islas Canarias es un ariete en manos de la monarquía alauí. El 90 por cien de los inmigrantes llegados, hombres jóvenes de entre 17 y 30 años y que toman por asalto Gran Canaria copando sus puertos, provienen del reino de Marruecos. La actual invasión de pateras superará, con mucho, a la del año 2006, pues son ya más de 20.000 los ilegales –número real- que ocupan carpas,  hoteles de cuatro estrellas y otros establecimientos en las Islas. Tras las primeras atenciones de Cruz Roja y las pruebas PCR, los ilegales son alojados a mesa y mantel a razón de 50 euros la manutención diaria por inmigrante, originando todos ellos en el erario español un coste de más de 155.000 euros diarios surgido de nuestros esquilmados bolsillos.

Los inmigrantes marroquís, que son la inmensa mayoría, vienen con pasaporte, dinero en efectivo y conocimiento sobre sus “derechos” a exigir en suelo español. Sus teléfonos móviles les permiten contactar con taxis o conocidos, a través de los cuales salen de los hoteles o establecimientos de acogida, diseminándose por España y Europa a través de la infinidad de vuelos baratos de los que hacen uso. Los que se quedan en Canarias, copando instalaciones hoteleras o hacinados en los puertos, son decenas de miles, y lo hacen a la espera de alcanzar la Península, sabedores de que no serán repatriados a causa de la crisis del Covid y del buenismo proinmigracionista del gobierno español.

La dantesca situación de invasión tiene un promotor claro: el rey Mohamed VI. Su plan consiste en asaltar la integridad territorial española para cobrarse la “cuenta pendiente” desde 1975. Fue, la salida del Sáhara, determinada por el gobierno de Arias Navarro y pactada por Juan Carlos I de espaldas a la decisión del general Franco, la que supuso el abandono de la provincia española del Sáhara en noviembre de 1975. El Sáhara es un terruño de 270.000 km cuadrados ricos en petróleo, fosfatos, gas y recursos minerales. La “marcha verde” de 300.000 marroquíes civiles y miles de militares contra el Sáhara fue lanzada por Hassan II en octubre de 1975, aprovechando la postración de Francisco Franco debido a la enfermedad que le llevaría a la muerte. La última orden del Generalísimo en política internacional, consistió en las instrucciones para la colocación de minas que evitarían la invasión del territorio español a manos de los moros.
Juan Carlos I, que había asumido la jefatura del Estado interina el 30 de octubre de 1975, organizó por medio de Colón de Carvajal y de Henry Kissinger, el acuerdo de cesión del Sáhara a Marruecos y a Mauritania que finalizaría las hostilidades.

El Tribunal Internacional de Justicia y la propia ONU habían señalado, en octubre y noviembre de 1975, la ilegalidad de la Marcha verde y la ilegitimidad de la reivindicación marroquí sobre el Sáhara. No obstante, las autoridades españolas representadas por Arias Navarro y Juan Carlos I, abandonaron a la tropa española desplazada en el Sáhara, la rindieron sin pegar ningún tiro, e hicieron que se sintiera traicionada. Entregaron un trozo de España a Marruecos y Mauritania, que se repartieron el Sáhara, aunque con el tiempo Marruecos lo absorbió en su totalidad.

La Marcha verde que invadió el Sáhara machacó con napalm y fósforo blanco a 50.000 saharauis. El dominio posterior de Marruecos sobre el Sáhara no sería más benigno. Pese a no ser reconocido por la ONU ni siquiera como “potencia administradora” del Sáhara, el gobierno de Marruecos declaró su dominio absoluto en la zona y comenzó desde 1975 y hasta día de hoy una política de apresamientos, secuestros y extorsiones contra el pueblo saharaui, cuya resistencia se basó en el Frente Polisario.

La inutilidad de la ONU en el contencioso del Sáhara ha consistido, durante 40 años, en formalizar procesos de paz entre Marruecos y el Frente Polisario, con España anulada y sin reclamar lo que le corresponde: su justo derecho a re ocupar y re dirigir el destino del Sáhara pues la legalidad internacional rechazó -y jamás reconoció- la ocupación marroquí. De este modo, hubo un alto el fuego en 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, roto desde hace unas semanas, y caracterizado por el fuego cruzado entre Marruecos y la rebeldía del Polisario.

Marruecos está aprovechando la invasión inmigrante sobre Canarias por parte de sus súbditos desplazados en buques nodriza y mediante ONGs, para debilitar a España mediante el chantaje y la extorsión. Por el flanco saharaui, Marruecos está eliminando los derechos de nuestros pescadores a faenar en las aguas territoriales bajo nuestra jurisdicción. Del mismo modo, Marruecos extiende su dominio ilegítimo sobre más territorio del Sahara usurpado a través del genocidio hacia la población de la ex provincia española.

La extorsión marroquí contra España a base de no controlar la invasión inmigrante es el nudo gordiano de la amenaza sobre Ceuta y Melilla, objetivo permanente del expansionismo panmarroquista. Las dos ciudades españolas son asfixiadas económicamente por Marruecos desde marzo de este año a causa del cierre de fronteras que no afecta, sin embargo, a la penetración sistemática de materiales de guerra, droga y “menas” que asolan las ciudades autónomas.

Los más de treinta millones de euros que Pedro Sánchez regaló en junio 2020 a Marruecos y destinados a “control fronterizo”, o los más de 200 millones que la Comisión europea aprobó en diciembre de 2019 con el mismo fin, han sido una farsa no sólo inútil sino una tomadura de pelo al pueblo español.

Marruecos se beneficia del “Estatuto privilegiado” de relaciones comerciales que la Unión europea le otorga desde el año 2000, y es no ya un actor “mimado” por la burocracia de Bruselas sino el elemento internacional tolerado y consentido por la política de la Francia de Macron y la Alemania de Merkel para inundar el continente con productos agrarios en competencia desleal. No sólo nos inunda de productos tercermundistas que hunden la agricultura española, sino también de inmigrantes descontrolados.

El expansionismo irredento marroquí contra España ya se ha embolsado las aguas territoriales de Canarias, por medio de un proyecto de ley lanzado en diciembre de 2019 y que no fue contestado diplomática ni internacionalmente por el gobierno socialista. Los montes submarinos de Canarias, ricos en telurio o cobalto, también en petróleo, han sido tomados por Marruecos, que venderá en próxima plazo las riquezas minerales allí presentes para la fabricación de coches eléctricos o placas solares.

Del mismo modo, Marruecos planea la toma territorial de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla sabedor de la debilidad secular de las autoridades españoles desde 1975, año de la fatídica entrega del Sáhara que marcó el punto de inflexión y alumbró la cobardía secular de las oligarquías españolas. Para culminar la anexión territorial de los territorios de Ceuta, Melilla y Canarias minando a España, Marruecos sabe que la invasión migratoria marroquí de las Canarias mediante hombres jóvenes, es clave, pues es la “quinta columna” de una futura agresión que de no evitarse supondrá otra anexión favorable a la monarquía alauí.

De poco sirve que el rey de Marruecos, Mohamed VI, posea la mayor fortuna personal del continente africano, valorada en más de 5000 millones de dólares, la mayor empresa en activos de toda África, 12 palacios, 600 coches de lujo o un presupuesto anual para su Casa de más de 200 millones de euros. Para nuestras ONGs, para la Comisión europea y para la inútil ONU, la inmigración marroquí que invade las Canarias seguirá siendo tolerada, admitida y potenciada, además de blanqueada como “refugiados” huidos del “hambre”. Policías y ex policías marroquíes, en complicidad con Open arms o Cruz Roja, seguirán patrocinando la entrada masiva de ilegales al Levante español y a Canarias.

El gran “reseteo” de la economía global, asumido por la Comisión europea y los partidos progres y globalistas, radica en asumir toda la inmigración ilegal en un rol perverso ya establecido en diciembre de 2018 a través del “pacto de Marrakech” que España suscribió, y que el Foro de Davos avaló.  Este pacto, así como los acuerdos de Davos sobre “reseteo” al capitalismo, consisten en propulsar el mundo multicultural “sin fronteras” y en la asimilación absoluta de toda la inmigración ilegal. Inmigración ilegal que la Comisión europea impone por cuotas obligatorias a los Estados miembros a cambio de recibir los famosos “fondos de reconstrucción”.

Estimado lector: España no expulsará a ningún ilegal ni frenará a Marruecos en su expansionismo en nuestras aguas y en nuestros territorios usurpados como el Sáhara o en otros como Ceuta y Melilla. Ya está pactada la entrega de nuestras aguas canarias, de nuestro suelo canario e incluso, a no mucho tardar, de Ceuta y Melilla. No es un pacto escrito, pero sí tácito: el del globalismo del gran “reseteo”, el de los acuerdos del Foro de Davos y el del Pacto de Marrakech.

La formidable “quinta columna” humana que Marruecos envía a Canarias, mientras su gobierno recibe millones de euros de “ayuda a la cooperación” entregados por España y por la Comisión europea, está ocupando hoy hoteles y albergues pero mañana partidos políticos, ayuntamientos, medios culturales y finalmente, la ansiada extensión del sultanato islamista panmarroquista que políticamente anhela Marruecos desde que se constituyó como Estado independiente en 1956.

No se trata, como muchos creen, de “sólo inmigración ilegal masiva” asaltando Canarias. Es invasión territorial. Es invasión de Marruecos contra un Estado débil y fallido llamado España. Es un pulso globalista que ya ha rendido a nuestra Patria y que sólo puede ser revertido si el gobierno español algún día es tomado por quiénes, desde el patriotismo, quieran recuperar la soberanía nacional para que nuestro Ejército defienda nuestro suelo, nuestra unidad y nuestra integridad que hoy agonizan.