Durante los últimos días se han publicado diversas noticias relacionadas con las condenas impuestas por órganos jurisdiccionales penales a artistas y músicos por la comisión de delitos contra el honor. El diario Washington Post ha publicado un artículo sobre ese asunto para hablar sobre la sensación que se tiene sobre el recorte en libertades en España.

 

Se puede pensar lo que se quiere. Si hay aspectos del sistema que no gustan, se puede querer cambiarlo, ya que, por el artículo 16 de la Constitución, se reconoce el derecho a la libertad ideológica. Sin embargo, no se puede hacer lo que se desee, ya que, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre, “el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución”.

 

En el momento actual, muchos están deseando poder ejercitar un derecho a insultar. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1992, de 8 de junio, establece que “la Constitución no reconoce, ni admite el derecho al insulto”. Concretamente, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 65/2015, de 13 de abril, “No pueden, en definitiva, buscar amparo en el derecho ex art. 20.1 a) CE “las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, en las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad, sean ofensivas o ultrajantes y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate” (STC 216/2013, FJ 5, y jurisprudencia allí citada)”.

 

Todo dependerá, en cada caso, de la ponderación que se realice. La Sentencia del Tribunal Constitucional 104/1986 indica que “es importante destacar que, al efectuar la ponderación, debe tenerse también muy presente la relevancia que en la misma tiene el criterio de la proporcionalidad como principio inherente del Estado de Derecho cuya condición de cánon de constitucionalidad, reconocida en sentencias del más variado contenido (SSTC 62/1982, 35/1985, 65/1986, 160/1987, 6/1988, 19/1988, 209/1988, 37/1989, 113/1989, 138/1989, 178/1989 y 154/1990) tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a limitaciones o constricciones, procedan éstas de normas o resoluciones singulares, y así lo declara la STC 37/1989, "en la que se hace referencia a la reiterada doctrina según la cual la regla de la proporcionalidad de los sacrificios es de observancia obligada al proceder a la limitación de un derecho fundamental", doctrina que nos conduce a negar legitimidad constitucional a las limitaciones o sanciones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible de acuerdo con una ponderación razonada y proporcionada de los mismos y a exigir que toda acción deslegitimadora del ejercicio de un derecho fundamental, adoptada en protección de otro derecho fundamental que se enfrente a él, sea equilibradora de ambos derechos y proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de ellos”.

 

Se puede expresar lo que se quiera, pero con proporcionalidad y respeto. Además, hay que pensar que la mejor opción siempre será la de dispensar el trato que se quiera recibir.