Cuando un Estado sufre el azote de una pandemia sanitaria, económica y social es el momento de formularnos ciertas preguntas respecto a nuestro pasado y presente. A mí hay dos que me rondan desde hace meses. Una es si los españoles sabíamos lo que votábamos cuando optamos por un estado Autonómico. La otra, relacionada con la anterior, se refiere a si verdaderamente esta organización territorial ofrece ventajas o por el contrario desventajas al común de los humanos, es decir, al español de a pie.

La primera de las respuestas la tengo meridianamente clara. No teníamos ni idea de lo que era eso de las autonomías. Posiblemente si lo sabían los padres de la Constitución. El beneficio de la duda me invita a pensar que con esta decisión intentaron aplacar las ansias independentistas de las que llamaron comunidades históricas. Tengo claro que el resto de las regiones no tenían instinto nacionalista de ninguna naturaleza y que la mayoría de sus ciudadanos conocieron la palabra autonomía aplicada al Estado en ese momento. Lo que el tiempo nos ha demostrado es que, desgraciadamente, las autonomías han servido para rearmar, reafirmar e impulsar el deseo y las intenciones independentistas de Cataluña y Vascongadas.

Pobre favor ha hecho por tanto al Estado semejante organización territorial al atacar el elemento definitorio de la Patria que no es otro que el de unidad. La herida es tan profunda que sólo el temor a las organizaciones sociopolíticas independentistas induce a explicar, que no a justificar, la inacción del Estado.

Para explicaciones tenemos también el chiringuito montado en torno a las comunidades autónomas. Me refiero a lo que todos sabemos, cientos de cargos electos remunerados con miles de consejeros, viceconsejeros, directores generales, asesores y personal de confianza al servicio. Además, del partido político correspondiente tanto por las cuotas que aportan como por las aportaciones que reciben los grupos. Es decir, una fuente de financiación inimaginable a la que se apunta cualquier organización que pretenda mantenerse en el tiempo, lo cual convierte a esta estructura en inamovible, cuasieterna.

En cuanto a la segunda de las preguntas, el que les habla sólo sabe un poco de sanidad y puedo decir, podemos ver, que ha sido un absoluto desastre. El sistema ha funcionado cobarde, lento, descoordinado, entregado a la lucha política. La pandemia ha demostrado que la estructura autonómica no es la adecuada, que no sirve para afrontar los retos de la medicina del siglo XXI. Que sus recursos lejos de optimizarse con la descentralización pierden eficacia y eficiencia y con ello ha promovido sus letales resultados a pesar del esfuerzo y entrega de sus profesionales.

Me temo, visto el panorama, que lo mismo ha sucedido en el sector educativo, en la justicia, en el empleo, en la industria, en el turismo, en el campo, en el medio rural. No me cabe duda de que la estructura autonómica está detrás del lamentable hecho de habernos ubicado en la cola de las potencias mundiales y que, por lo tanto, las desventajas destacan frente a las imaginarias virtudes del estado autonómico.

Y qué podemos hacer para poner fin a semejante fiasco. Como la reforma de la Constitución requiere mayorías hoy por hoy inimaginable para trasformar las autonomías en regiones, sólo se me ocurre revertir las competencias al Estado. ¿Acaso funcionaba mal la sanidad o la educación antes de las trasferencias? ¿Acaso ofrece alguna ventaja la retirada de la Guardia Civil de Cataluña o de Vascongadas? ¿La política penitenciaria mejorará acaso con la trasferencia de la competencia al Gobierno vasco? ¿Alguien piensa que las consejerías de empleo promueven el trabajo en nuestras regiones o que las de turismo han salvado al sector? Todos sabemos las respuestas que no es otra que un no.

En fin, que nos vendieron algo que ni conocíamos, ni queríamos. Que nos estruja en lo social y en lo económico y que, salvo que demuestren lo contrario, es corresponsable del resultado que sufrimos y sufriremos por la actual crisis.