La Unión europea sigue empeñada en chantajear a Naciones libres y soberanas y en rematar sus libertades extorsionándolas ideológicamente. Polonia y Hungría siguen siendo objeto de la amenaza permanente por parte de los gobiernos globalistas del “club de los 27”. 

La coacción política de la Unión europea sobre Polonia y Hungría tiene sus máximos impulsores en países del consenso progre como España, que capitanea a los países europeos más endeudados y deficitarios (Italia entre ellos), y a Holanda, líder del bloque de los países “austeros” o “frugales”. Ambos bloques de naciones están unidos en un objetivo común: aislar a Polonia y Hungría y apartarlas de los fondos de reconstrucción impulsando procesos de sanción y chantaje.

El “fondo de reconstrucción” europeo está inserto en el presupuesto europeo plurianual y consistente en 750.000 millones de euros de los que España recibiría 140.000, que llegarían de forma gradual –no total- y cuya primera remesa serían 27.000 millones. Se basan en ayudas directas y préstamos. Las cantidades recibidas no son un “fondo perdido” de dinero “gratuito” enviado por hermanitas de la Caridad: se subordinan a la aplicación de nuevos impuestos a los ciudadanos entre los que destacan los “ambientales”, y en recortes en pensiones y derechos laborales.

El fondo de reconstrucción y la asunción del presupuesto europeo plurianual ha sido convertido, por la burocracia de Bruselas, en una puñalada a la soberanía de los pueblos y al Derecho propio de cada nación. Precisamente por ello, los gobiernos húngaro y polaco han vetado el fondo europeo de reconstrucción, ejerciendo su derecho institucional y plenamente legítimo.

Angela Merkel y Emanuel Macron, secundados por Pedro Sánchez y el resto de globalistas de la UE, han ideado un sistema ilegal de chantaje ideológico, contrario a los Tratados fundacionales de la Unión europea y a las normas comunitarias, pero respaldado por los lobbies que controlan a la Comisión europea y al Tribunal de Justicia de la Unión. Este sistema inmoral e ilegal se basa en subordinar la concesión de fondos de ayuda a las naciones a criterios puramente ideológicos que obligan a los Estados a aplicar megaproyectos de instauración de las agendas ideológicas digitales, ecologistas, abortistas, de “género” e inmigracionistas.

Poner caducidad al uso del diesel y con ello derribar la economía de las clases medias y productoras; instaurar las “0” emisiones de CO2 para arrasar la industria tradicional y favorecer las grandes multinacionales tecnológicas “eco-friendly” así como los chiringuitos ecologistas de Greta Thunberg; fijar programas de aborto libre y público camuflados como “salud reproductiva”; imponer en las aulas la ideología de género que destruye la natalidad y la familia tradicional; o aceptar la invasión masiva de inmigrantes africanos y musulmanes en procesos de papeles para todos. Estas son las condiciones políticas que los partidos y gobiernos del consenso progre, donde sobresalen Pedro Sánchez y Angela Merkel, han puesto sobre la mesa para conceder la financiación.

Polonia y Hungría, sabedoras de que los fondos de reconstrucción son un mecanismo de apoyo no a los pueblos de Europa y sí a grandes élites y multinacionales, se han opuesto a aceptar un chantaje ideológico perverso que sí asumen sin embargo el resto de Naciones occidentales como España, donde la inmigración africana, el adoctrinamiento LGTB, el aborto generalizado o los grupos animalistas y ecologistas, destruyen los valores morales y la identidad cristiana.

Fue en septiembre de 2020 cuando el Parlamento europeo, con la excepción de los representantes de Vox y los diputados húngaros de Viktor Orban, condenó a Polonia por perseguir penalmente la pedofilia reformando sus propias leyes. Un informe presentado por el socialista Juan Fernando López Aguilar, inspirador de la “ley contra la violencia de género” de Zapatero en 2004, y votado a favor por los miembros del PP y el PSOE en la Eurocámara, sirvió para demostrar las intenciones del consenso progre: aplastar a los Parlamentos soberanos que como el polaco, legislan fuera de la agenda feminista y LGTB. Polonia y Hungría serían de nuevo amenazadas con nuevos procedimientos sancionadores. La Unión europea, que valida movimientos sociales a favor de la pedofilia existentes en Holanda, castigó a Polonia por pretender combatir el abuso pedófilo a los menores.

Tras la burocracia de Bruselas y su extorsión a las naciones libres y cristianas, está la doble moral: el matonismo que se ejerce contra Hungría y Polonia pretextando que sus gobiernos vulneran “libertades” y el Estado de derecho, no se practica sin embargo contra España, feudo de una dictadura bolivariana en ciernes. El gobierno socialcomunista español de Sánchez e Iglesias encubre los abusos pedófilos a menores en las islas Baleares, y los blinda; compra con dinero público a todas las grandes televisiones y prensa escrita para fabricar su propaganda “Salimos más fuertes”; coopta la Justicia con ayuda del PP para politizar todas las Altas magistraturas; utiliza a la Guardia civil para espiar a los disidentes y al CNI para perseguir a los enemigos del globalismo.

Y pese a estos ataques contumaces al Estado de derecho, la libre expresión o la libertad de prensa, el gobierno español no sólo no recibe ninguna sanción europea sino que además se permite el lujo de utilizar a los eurodiputados del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos para condenar a Polonia y Hungría y amenazarles con la asfixia financiera. El popular Esteban González Pons se ha convertido en látigo contra Polonia y Hungría y por tanto, ha hecho merecedora a España del veto y el bloqueo que ahora mismo estas dos naciones han impuesto sobre el fondo de reconstrucción y el Presupuesto plurianual de la UE. Donde las dan, las toman.

Hungría y Polonia no van a vender la soberanía legislativa de sus Parlamentos, que apuestan por apartar de la enseñanza los programas de género, por combatir el aborto o por rechazar la inmigración islamista. No lo harán, y menos a cambio de un dinero que no redundará en comercios, autónomos ni trabajadores sino en los megalómanos centros de poder corporativo y trasnacional pegados a la Agenda 2030 y en cuyo frontis está imponernos qué debemos comer, qué tecnología tenemos que emplear o qué inmigración debemos aceptar.

Los gobiernos europeos liberales y buenistas, maridados con el socialcomunismo español, se han dado de bruces contra un muro de patriotismo e identidad cristiana: el de Polonia y Hungría, que anteponen su apuesta por la natalidad autóctona, los valores morales y la Soberanía nacional, a los diseños ideológicos del globalismo contenidos en la farsa del fondo europeo de reconstrucción y sus trampas contra la libertad de las naciones.