El debate sobre la derogación de la reforma laboral del PP de Rajoy o sobre la aprobación de una nueva reforma o contrarreforma patrocinada por el PSOE y Podemos, se planteó en España desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018, siendo una de sus promesas estrella, incumplida durante años, y culminó entre finales de 2021 y principios de 2022, siendo finalmente aprobada la propuesta de Yolanda Díaz, de un modo cuanto menos pintoresco, con el “error”, no sabemos si voluntario o involuntario, de un diputado popular.     

En los últimos meses de 2021, la polémica política por excelencia en España fue la supuesta derogación de la Reforma Laboral con enfrentamientos, reales o impostados, entre los socios de gobierno del PSOE y Podemos por su alcance o por quien debía apuntarse el mérito, entre los llantos de la oposición derechista por la supuesta pérdida de empleo que, según ellos, dicha derogación conllevaría. Manifesté ya entonces que se trataba todo de un teatrillo del absurdo, que no se iba a tocar ni una coma de la última Reforma Laboral, al menos en su parte más lesiva para los derechos y el bienestar de los trabajadores, esto es, en el abaratamiento del despido, ni que en caso de hacerse esto trajese pérdida de empleo en absoluto. El tiempo me dio la razón. Para entenderlo, debemos realizar una breve historia de la evolución jurídica del mercado laboral español en los últimos años, como la que emprendí en mi libro “Crisis y estafa”, en el que le dediqué un capítulo, sobre el que, en parte, voy a basarme en este artículo.

            A la muerte de Franco, en una situación que ahora consideraríamos de pleno empleo, la indemnización por despido era de 60 días, máximo 60 meses. Lo primero que hizo Suarez en la recién inaugurada democracia fue aprobar un Estatuto de los Trabajadores que cambiaba privilegios para los sindicatos mayoritarios por derechos de los trabajadores y que reducía la indemnización a 45 días, máximo 42 meses, en la primera reforma que abarataba el despido. Lejos de revertir esa reforma al llegar al poder, el PSOE de Felipe González sumó nuevas medidas restrictivas para los derechos de los trabajadores a partir del 82, como el famoso “Plan de empleo juvenil” por el que se legalizaban los contratos basura y las ETTs, lo que mereció una contundente respuesta sindical en forma de Huelga General que, sin embargo, no disuadió al gobierno de sus planes.

La siguiente reforma del mercado laboral español, que implicó un abaratamiento del despido, fue la de septiembre de 2010 perpetrada por el PSOE de Zapatero, con Pedro Sánchez, por cierto, como diputado del PSOE en aquellos momentos, votando a favor de la misma. La parte más polémica de la reforma tuvo que ver con la ampliación de los casos en que las empresas podían acogerse a una indemnización menor a la general (45 días) en caso de despido, reduciéndolo a 33 o a 20 días según los casos. Curiosamente, de esta reforma laboral de ZP, el gobierno socio-comunista (o progre-globalista, según se mire) de Sánchez y Yolanda Díaz no se acuerda ni la menciona en ningún momento.

Zapatero, siguiendo unas tesis liberales aparentemente opuestas a su credo, abarató el despido para las empresas “en dificultades” rebajándolo a 20 días frente a los 45 generales, que ya había reducido Suárez desde los 60 del franquismo. Pretendía así que las empresas se animasen a contratar sabiendo que no les iba a costar tanto despedir. Además, permitía encadenar contratos temporales sin límite. El PP clamó contra la medida: “Una reforma para el paro y no para el empleo” afirmó compungida Soraya Sáez de Santamaría. Era verdad, los resultados fueron desastrosos: una avalancha de despidos aprovechando los 20 días de indemnización. Ningún incremento sustancial de las contrataciones. La realidad, tozuda, contraviniendo las tesis liberales, aplicadas, en este caso, por un socialista.

La Reforma Laboral a la que se refiere la polémica en 2021, obviamente, no es la de Suarez ni la de Zapatero, ya olvidadas, sino la más reciente de Marian Rajoy. En febrero de 2012, se aprobó una nueva norma, ya gobernando el PP, que se añadía a la realizada en 2010 por el anterior gobierno. Recién iniciada la legislatura, el presidente del Gobierno pidió a los agentes sociales (patronal y sindicatos) que antes del 7 de enero de 2012 cerraran acuerdos en materia de negociación colectiva, contratación, absentismo, solución extrajudicial de conflictos laborales, empresas de trabajo temporal y formación profesional; en caso contrario, el nuevo Gobierno legislaría de modo unilateral. La certidumbre de que la legislación unilateral del gobierno iría en la dirección de las reivindicaciones de los empresarios, hizo que estos últimos no se sintieran especialmente presionados, mientras que los sindicatos preferían reivindicarse con conflictividad social antes que aceptar acuerdos que los desprestigiasen aún más ante los trabajadores, de modo que el pacto se estancó en negociación colectiva y modalidades de contratación. Ante la falta de acuerdo, el Consejo de Ministros aprobó su proyecto de reforma del mercado laboral el 10 de febrero.

            La reforma pretendía "facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis", además de "acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para crear empleo estable". Los puntos más destacados y polémicos de la reforma fueron la reducción de derechos de los trabajadores y el abaratamiento del despido que quedaba como regla general en 33 días por año, desde los 45 anteriores, a la vez que se ampliaban las causas por los que las empresas podían acogerse al de 20 días. Contra esta reforma, como había ocurrido también con la de Zapatero del 2010, se convocó una huelga general por parte de los sindicatos mayoritarios. La izquierda entonces en bloque: PSOE, medios de comunicación y demás representantes de la progresía patria, se rasgaron las vestiduras criticando lo que habían hecho ellos solo meses antes. Un circo de desvergüenza. Como podemos sospechar, la nueva reforma provocó otra avalancha de despidos hasta elevar en un millón más el número de parados.

            En ese entorno es en el que se produce el debate sobre la nueva reforma laboral que Yolanda Díaz pactó con patronal y sindicatos y que sus propios apoyos parlamentarios se negaron a aprobar, siendo necesario el “error” de un diputado de la oposición, para superar el trámite parlamentario. Dicha reforma simplemente maquilla la norma anterior sin afectar al despido que sigue legislado en los mismos términos. Después de toda la intriga y de meses de debate, fue la cagada del PP, no sabemos si voluntaria o involuntaria, con la astracanada del error en el voto de uno de sus diputados, la que sirvió para sacar adelante la norma, pactada con la patronal y los sindicatos apesebrados a golpe de subvención y mariscada, bendecida por Bruselas y el IBEX35, que consolidó el abaratamiento del despido y que solo los muy despistados pueden entender como un éxito del obrerismo proletario. La gran mentira de esa supuesta contrarreforma laboral, que en realidad no cambia nada, es que ese abaratamiento del despido se consolida. Como dice José Vicente Pascual: “Los miembros y socios del gobierno dan tanta importancia y relieve propagandístico a esta reforma porque la mayoría de ellos no han trabajado en su casta vida.” Y como añade Juan Manuel de Prada: “El capitalismo no es tan solo una doctrina económica, sino una visión antropológica y ontológica profunda; o, si se prefiere, un sucedáneo religioso en el que el dinero ocupa el lugar de Dios”. No parece que esa nueva religión, seguida por igual por la derecha y la izquierda del establishment político, vaya a permitir ni un paso atrás en la aplicación de sus postulados.

Ampliando lo que hemos apuntado ya sobre las reformas laborales gemelas de Zapatero y Rajoy, consolidadas por la de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, conviene pararnos a reflexionar sobre el mito de la “flexibilidad laboral” y como este se utiliza para la degradación del empleo. La lógica más elemental nos dice que si se quiere aumentar la contratación, habrá que facilitar la contratación, por ejemplo, reduciendo sus costes: bajando las cotizaciones a la seguridad social, dando exenciones fiscales a quienes más contraten, facilitando contratar a los autónomos sin castigos fiscales por ello, etc. Si lo que se quiere es aumentar el despido, habrá entonces que facilitar el despido, por ejemplo, reduciendo las indemnizaciones que perciben en este caso los trabajadores. Pero entonces llegan los popes de la economía neoliberal y los gobiernos de turno, no importa de qué partido, y nos dicen que no, que para luchar contra el paro hay que hacer que sea más barato despedir (¿?). Y lo explican con una extraña psicología inversa, en virtud de la cual el empresario, cuando contrata, está pensando ya en que tendrá que despedir y en lo que le costará. Y solo o muy principalmente piensa en eso, no en si tiene acceso al crédito para llevar a cabo sus proyectos ni en si el consumo es tan bajo que no encontrará mercado para sus productos ni en si la morosidad ha aumentado tanto que no logrará cobrar sus servicios ni si en que la presión fiscal es tan alta que frustrará su proyecto empresarial.

No podemos dejar de sospechar que lo que las sucesivas reformas laborales pretendían en realidad, con la excusa de la crisis y aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, era esquilmar a los trabajadores de los pocos derechos que no les habían quitado aún. La extensión, a todas luces vergonzosa, de los contratos temporales sin causa, y la posibilidad de encadenarlos ad infinitum, junto con el abaratamiento del despido, degrada el mercado laboral, genera inquietud, retrae el consumo y es negativo en todos los aspectos. Unas leyes justas que protejan al más débil en la relación laboral y que garanticen la prosperidad de la mayoría de la población y no de unos pocos privilegiados, que busquen, en definitiva, la justicia social, son necesarias y eliminarlas ni va a crear empleo ni a sacarnos de ninguna crisis.

En 1977 la indemnización por despido era de 60 días y había 760.000 parados. En 1994 la indemnización por despido era de 45 días y el número de desempleados había subido hasta 3.856.000. En 2011 la indemnización por despido justificando una situación económica negativa pasó a 20 días y el desempleo escaló hasta los 5.273.000 parados, según datos de la EPA. La reforma laboral de Rajoy, que tanto se habló de derogar sin éxito, dejó la indemnización por despido en 33 días, máximo 24 meses y amplió las causas para acogerse al despido de 20 días. Esa sigue siendo la indemnización aplicable hasta hoy mismo, porque la reforma de Yolanda Díaz no tocó este punto. Con esta legislación el paro llegó a elevarse a más de 6.000.000. Solo muy a posteriori, cuando la situación económica general empezó a mejorar, bajó sustancialmente, pero sigue siendo el paro estructural más alto de la UE ¿Alguien puede creer aún que abaratar el despido combate el desempleo? Como nota personal, tanto la reforma laboral de ZP como la de Rajoy me pillaron profesionalmente trabajando en un Centro de Empleo público, de modo que pude sentir sus efectos en primera línea de batalla, al pie del cañón. Nadie tiene que explicármelos. Eso demuestra empíricamente que la tesis de la “flexibilidad laboral” está equivocada, y en el fondo sus defensores lo saben. Su intención no es crear empleo sino aumentar los beneficios de las élites económicas.

 Para reducir el paro de manera eficaz y sin menoscabar los derechos de los trabajadores lo que se debe hacer es cambiar el modelo económico. Un modelo basado en servicios, principalmente el turismo y, como mucho, en la construcción, está abocado al fracaso, como ha quedado patente ante el hundimiento del turismo por la actual situación de pandemia. El envejecimiento de la población debe combatirse con la sólida recuperación de los valores familiares y el aumento de la natalidad, no con la inmigración masiva, que supone un “ejercito de reserva del capitalismo”, es decir, una cantera de mano de obra barata infinita, que fuerza los salarios a la baja y destruye los derechos de los asalariados.

El abaratamiento del despido perjudica a los trabajadores, les resta derechos y aumenta su incertidumbre, por tanto, es negativa para el consumo y, por ende, dado que los clientes de los autónomos son principalmente trabajadores, también para estos. Es, en definitiva, una norma injusta y contraproducente. Sin embargo, esta deriva injusta y contraproducente es una “recomendación” constante, transformada a menudo en imposición, de las instancias económicas internacionales, como el FMI o la troica comunitaria. La explicación es sencilla: Estos organismos no están al servicio del bienestar de los pueblos occidentales, sino de sus élites financieras.

La conclusión que podemos extraer es que lo de la derogación de la Reforma Laboral no se lo creía ni Yolanda Díaz desde el principio. Bruselas no les iba a dejar tocar ni una coma del abaratamiento del despido, al que, por cierto, la izquierda española ha contribuido sustancialmente en la historia reciente, como hemos visto. Todo lo demás siempre fueron teatrillos. Los supuestos enfrentamientos en el gobierno de coalición por la supuesta política social no fueron más que una mala comedia, porque todos sabíamos ya cómo iba a acabar: sin ninguna medida efectiva para proteger a los desfavorecidos. Esto explica las contradicciones de la propia ministra, que pasó de anunciar triunfante un acuerdo para dicha derogación a recular bajo la excusa de que la reforma laboral no se podía derogar “técnicamente” (lo que “técnicamente” no es cierto) en menos de 48 horas, para finalmente aprobar su reforma “fake” por el sospechoso error de un diputado de la oposición. Tal vez, también explique dicho error, porque no es costumbre del PP oponerse a una norma aceptada por los poderes económicos nacionales y globales a los que sirve toda la clase política española mayoritaria.

No es el apoyo a una extrema izquierda comprometida con la agenda globalista (la que han tenido el descaro de plasmar en las llamadas “agenda 2030 y 2050”) ni tampoco, obviamente, a la derecha liberal, curiosamente embarcada en la misma agenda, la que traerá una mejora del bienestar de los más desfavorecidos, sino el apoyo al patriotismo antiglobalista, el único capaz de plantar cara a las disposiciones de las élites financieras mundialistas y los órganos usados como correa de transmisión de sus mandatos, como la burocracia de Bruselas, lo que hemos podido visualizar claramente en Hungría o Polonia y su gallardía ante las imposiciones comunitarias o, a sensu contrario, en España, con las continuas traiciones de los políticos de ambos bandos a las causas, tanto de la defensa del interés nacional como al de los trabajadores, bajo excusa de obligación europea. Y es que el patriotismo será social o no será y, de igual modo, la justicia social, la traeremos los patriotas, o no la traerá nadie.