Para desgracia de los españoles, para desgracia de las víctimas de los asesinatos de ETA, para desgracia de la dignidad nacional y para la desgracia del ordenamiento jurídico, BILDU ha podido apoyar la investidura de Pedro Sánchez y ha podido aprobar los Presupuestos Generales elaborados por Sánchez y su lugar teniente Pablo Iglesias.

La indignidad se acrecienta cuando ese apoyo tiene una contrapartida que ocultan por tratarse de concesiones inconfesables.

Cualquier analista puede suponer cual es la contrapartida  (presos etarras a cárceles vascas y excarcelación posterior).

Rasgarnos las vestiduras no es suficiente, la responsabilidad la tienen los miembros que conformaron el Tribunal Constitucional.

Manos Limpias, se querelló contra los Magistrados que revocaron la sentencia de ilegalización de BILDU, pero el Tribunal Supremo, no tuvo la valentía de admitir la querella, quizás por no crear un conflicto de enormes dimensiones, entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

El espectro político y la composición del Parlamento con esa formación ilegalizada permite todo tipo de componendas espurias, dejando en el cajón del olvido que la investidura de Sánchez y el apoyo a los Presupuestos Generales y además con el apoyo de los golpistas de ERC y PDeCAT, han propiciado que salgan adelante  con  aquellos que tienen las manos manchadas de sangre.

Pero vuelvo a repetir, no nos engañemos y no olvidemos que los responsables en la legalización del grupo etarra BILDU fueron los siguientes magistrados: Joaquín Giménez,  Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega, Adela Asúa.

Esta es la herencia que nos ha dejado el máximo órgano judicial de garantías de derechos fundamentales.

Quedará para la historia de España, una sentencia que dio voz y voto en las Instituciones a una organización criminal, terrorista, asesina que al día de hoy, ni siquiera ha pedido perdón, y asimismo quedará para la historia de España, el comportamiento indigno de los máximos representantes del sistema judicial español.