Las conocidas prerrogativas parlamentarias, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1997, “ofrecen un tratamiento jurídico diferenciado a situaciones subjetivas cualitativa y funcionalmente diferenciadas por la propia Constitución, y resultan de obligada aplicación siempre que concurra el presupuesto de hecho por ellas contemplado”. Entre ellas destaca el aforamiento, que es un elemento establecido por el ordenamiento jurídico que condiciona la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales.

 

Hay que saber que el aforamiento es especialmente relevante en el Derecho Procesal Penal, ya que tiene por finalidad garantizar que la persona que tiene un determinado cargo público no llegue a ser investigado en un proceso penal para perjudicar al sistema. El problema es que resulta fácil usar el aforamiento con fines distintos de los fijados por las distintas normas que lo regulan.


Muchos son los sujetos aforados que, estando como investigados en un proceso penal, deciden voluntariamente renunciar al cargo por el que se les atribuye el aforamiento para liberarse de este elemento condicionante de la competencia jurisdiccional objetiva. El motivo más común es la existencia de elementos en la instrucción del proceso que les afecta por los que pueden pensar que será probable que les terminen condenando, sin que deba perjudicar, por ello, la presunción de inocencia.

 

La renuncia del cargo y la consecuente exclusión del aforamiento no produce efectos siempre. Hay casos en los que se mantiene la competencia jurisdiccional, siendo inútil, a efectos procesales, la renuncia de la condición pública que implica el aforamiento.

 

El Acuerdo unánime del Pleno no Jurisdiccional de Sala de 2 de Diciembre de 2014 indica que “En las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado”. Este hecho implica que, hasta un cierto momento, el sujeto que, estando como investigado en un proceso penal, disfruta de la condición de aforado puede alterar, por su voluntad, la competencia de los órganos jurisdiccionales penales de instrucción y enjuiciamiento.

 

Se impone un límite con el auto de apertura de juicio oral. Sin embargo, el mismo puede resultar inocuo por las opciones que tiene el investigado, que, ante una instrucción inadecuada para sus intereses, puede optar por otro órgano jurisdiccional que desarrolle la investigación mediante la renuncia de su aforamiento.

El Tribunal Supremo se equivoca al establecer que la perpetuación de la jurisdicción se produce con la resolución judicial que indica el inicio del juicio oral. El artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “Las alteraciones que una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia”, pudiendo aplicarse ese precepto por el artículo 4 de la misma norma, que dice que “En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley”. Además, debe tenerse presente que el artículo 6.2 del Código Civil indica que “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”, siendo cierto que podría considerarse que el aforamiento debe subsistir tras la renuncia al cargo por motivos relacionados con el orden público.

Son varias las normas que pueden ser aplicadas para resolver los problemas vinculados al uso y al abuso del aforamiento. Por las citadas normas, existen argumentos estrictamente jurídicos por los que puede comprenderse que el órgano jurisdiccional que comienza la instrucción no debería poder ser sustituido, aunque haya renuncia del aforamiento.


Sería recomendable desarrollar una reforma legislativa que plasmara claramente la perpetuación de la jurisdicción en el comienzo de la instrucción si se pudiera considerar que la Ley de Enjuiciamiento Civil resulta insuficiente. La finalidad debería ser impedir la consecución de dilaciones que pongan en peligro la correcta terminación del proceso penal que tenga como investigado o acusado a una persona aforada, de modo que la renuncia del cargo no implicara la extinción del referido aforamiento.