Don Mario ha dado una lección a los lectores y redactores de El Correo de España. Muchos éramos los que, en la inopia de una interpretación superficial de la Constitución española y de la ley de indulto de 1870, pensábamos que el Rey Felipe VI no tenía más remedio que firmar los indultos a los criminales golpistas catalanes del 1 de octubre de 2017. Yo pensaba que este era otro de los vicios y despropósitos de la Constitución del 78 y del papel de institución “cartón piedra” o “jarrón chino” que le confiere a la monarquía la ley de leyes del 78.

No obstante el dictamen sobre la cuestión elaborado por don Mario Conde, abogado del Estado, hombre racional y de un exquisito análisis del Derecho –que no sólo es la ley positiva, también el contexto histórico, y también la especial “gramática” de las leyes o su “intralengua”- me dejó completamente sorprendido. Tanto que releí la Constitución, repasé la ley de indulto y contrasté la evaluación efectuada por Mario Conde con mis conclusiones y resolví que, efectivamente, el Rey puede, y no sólo puede sino que debe, oponerse a firmar los indultos. Recomiendo a todos los lectores de El Correo de España que lean la transcripción que Julio Merino hace en este digital sobre el dictamen del jurista Mario Conde.

Ningún medio de la bienpensacia española, de la derecha liberal y menos de la izquierda criminal, ha aportado estudio contundente alguno que apunte a cómo el indulto es una prerrogativa real que se ejerce por el monarca y no un mero “decreto” gubernamental que se expide con la sola sanción real. Sólo El Correo de España ha trasladado a sus lectores un estudio jurídico serio y rompedor del mantra que exime a Felipe VI de toda responsabilidad ante el indulto a los golpistas. Hay que subrayar terminantemente que el gobierno socialcomunista es el principal responsable de esta canallada; pero el Rey podría y debería evitarla.

Hay quien podrá aducir que las interpretaciones jurídicas son como los culos; todo el mundo tiene uno. Sin embargo la capacidad de desarrollo, argumentación jurídica, contextualización histórica y análisis doctrinal lo tienen pocos cuando se trata de verter un dictamen riguroso del derecho constitucional y de la ley. El señor Conde aporta el análisis propio de un jurista de alto sentido analítico sobre el conjunto del ordenamiento jurídico: interpreta la Constitución en su terminología literal, con el contenido histórico-político de presente y pasado aplicado al precepto en cuestión,  y por ello distingue con claridad en el artículo 62 de la Constitución, una función tasada y limitada del Rey como puede ser la de “expedir decretos del Consejo de Ministros” respecto a la de “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley” ( con arreglo a la ley de 1870, reformada en 1988, y que canaliza el indulto mediante un “Real Decreto”; no un “real decreto ley”, sino “real” en el sentido de resolución vertida por el monarca). Si tenemos en cuenta que la Carta magna de 1978 confiere la prerrogativa de gracia al monarca en régimen de “ejercicio” - no supeditado al gobierno-, y el artículo 102 de la ley de leyes se refiere a la misma como “prerrogativa real”, entenderemos que la facultad de gracia y su culminación corresponden al Rey de España.

Por tanto el Rey podría negarse a firmar esos indultos. Es más: debería negarse. Sabemos que la Nación española es previa a la Constitución;  que su unidad es un concepto histórico de 1500 años de antigüedad, de la que nace la Soberanía e independencia del pueblo español y por tanto la propia Constitución y los poderes del Estado.

Si el Rey firma los indultos a unos políticos criminales que trataron de romper España por primera vez desde 1934, estará destruyendo no sólo el imperio de la Justicia y sus últimos rescoldos de dignidad – el acto de destruir el Estado es “perdonado” por el propio Estado- sino lo que es peor; estará contribuyendo a la destrucción de la unidad nacional española en la medida que la Soberanía del pueblo y la continuidad de España se ponen en almoneda de forma ya indisimulada, en la escena nacional y en la internacional.

Y si no firmara los indultos, ¿qué sucedería? Probablemente un alzamiento político y social histriónico de las izquierdas que comenzarían a vapulear a la monarquía a la que hasta ahora le ha perdonado la vida. ¿Y qué tendría que hacer la derecha que el pasado 13 de Junio inundó la Plaza de Colón en defensa de España y de la Casa Real? Salir a la calle masivamente para defender al Rey; al que hoy más que nunca muchos podríamos considerar nuestro Rey con mayúsculas. ¿Y si persistiera el levantamiento de la izquierda contra la Corona? El Rey, de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución, el mismo que le confiere la prerrogativa de gracia, posee el mando supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Al servicio de quiénes están los soldados? De España, de la Constitución, de su Rey. Y deberían obedecerle en caso de una insurrección que amenace la Corona y por tanto la Constitución.

Además, reflexionemos : los lectores de El Correo de España conocen, en su mayoría, el cuento oficial del 23F y la mentira subyacente pero, dando ese cuento por bueno, diríamos que el Rey Juan Carlos I “salvó entonces a la democracia” porque como jefe supremo del Ejército detuvo el golpe mandando al Ejército. Bien: pues para eso mismo tendría Felipe VI al Ejército a su mando; para detener un golpe aunque éste, a diferencia del 23F, fuera de verdad y lo dieran los enemigos de España.

Si Felipe VI no salva a España en este duro trance que no espere que la izquierda le perdone o que parte de la derecha siga gritando “Viva el Rey”. Parte de la derecha le retirará el apoyo, pero la izquierda lo sepultará más pronto que tarde.

El Rey emérito fue capaz, en 1981, de organizar y tramar un auto golpe por el que otros, servidores de España y cargados de Honor, cumplieron severas penas en prisión tras ser engañados de forma vil. Su hijo Felipe VI puede convertirse en un salvador de España o en cómplice de un proceso que si ÉL no frena en seco devorará a la Corona, la Constitución, la dignidad de España y la continuidad histórica de la Patria a la que se debe la realeza española como principio angular de su significado.

Es un momento decisivo, Majestad. Si no firma la ignominia habrá reverdecido una España en podredumbre pero con esperanzas de volver a ser un Estado gracias a su Rey. De lo contrario la espiral de la traición será ya irrefrenable; tras los indultos, vendrá el proceso de secesión pactada y, recuérdelo, usted embarcando hacia EEUU o donde le permitan.