El ser derechista, como ser izquierdista, supone siempre expulsar del alma la mitad de lo que hay que sentir”. A la persona que pronunció esta frase la fusilaron en la cárcel de Alicante en el 20 de noviembre del año 1936, acusado de rebelión militar y juzgado por un tribunal popular con tan pocas garantías de justicia e imparcialidad, como muchos otros en aquellos momentos. Llevaba preso desde marzo y poco antes de morir dejó escritas estas palabras:

“En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca es alegre morir a mi edad, pero sin protesta. Acéptela Dios Nuestro Señor en lo que tenga de sacrificio para compensar en parte lo que ha habido de egoísta y vano en mucho de mi vida. Perdono con toda el alma a cuantos me hayan podido dañar u ofender, sin ninguna excepción, y ruego que me perdonen todos aquellos a quienes deba la reparación de algún agravio grande o chico”.

Esta persona se llamaba José Antonio Primo de Rivera. Sus restos reposan en el Valle de los Caídos, en el mismo lugar que otros muchos caídos de ambos bandos en la guerra del 36. Esta era la cuarta tumba de José Antonio, la primera fue la fosa común del cementerio de Alicante, en la que se le localizó para cumplir la solicitud de certificación fehaciente de fallecimiento efectuada por el Foreign Office británico, a instancias de Elizabeth Asquith[1], de casada Elizabeth Bibesco, hija de Herbert Asquith, primer ministro británico por el Partido Liberal entre 1908 y 1916. Posteriormente sus restos fueron trasladarlos en 1938 al nicho número 515 del cementerio Nuestra Señora de los Remedios en Alicante, estando Alicante aún bajo control del Frente Popular. El tercer enterramiento se produjo en 1939, a los pies del altar mayor de la basílica agustiniana del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La última exhumación de José Antonio fue el 31 de marzo de 1959, para ser trasladado al Valle de los Caídos.

Los restos de José Antonio reposan desde entonces en Cuelgamuros con todo el derecho, pues fue un caído más de entre los que produjo esa guerra y, en concreto una de las más de 70.000 víctimas de la represión en la zona del Frente Popular[2], y para las víctimas y muertos en combate de ambos bandos se construyó ese monumento. Ciertamente, dentro del Valle, se le enterró en un lugar preferente solo por deseo de quienes se beneficiaron de su carisma, aunque no siguieran casi nunca sus ideas.

Ahora sale un ministro, recién estrenado, en rueda de prensa, con renovadas energías sanchistas para anunciar, entre otras cuantas tropelías, que los restos de José Antonio serán exhumados, sin aclarar a dónde piensan trasladarlos. Debería tener en cuenta el susodicho que la persona objeto de sus preocupaciones, y puede que de sus odios, fue un represaliado más de muchos que hubo por motivos ideológicos o religiosos. Por lo tanto sus restos deberían seguir en el Valle de los Caídos, en sitio preferente o no, eso da igual, porque a él no le importaría en absoluto reposar junto a otras víctimas de esa guerra, pero no debe de salir del Valle.

Pero, con todo lo que pueda significar la anunciada, a modo de propaganda distractora, exhumación del que fuera Jefe de la Falange, lo peor es el contenido completo de la mal denominada ley de Memoria Democrática, siniestra corrección y ampliación de la también mal llamada ley de la Memoria Histórica[3] del señor Zapatero, en breve marqués de Caracas. En el apartado “motivación” del resumen ejecutivo del anteproyecto de la ley de Memoria Democrática, se alude a que diversos organismos internacionales siguen insistiendo en “cuestiones pendientes en materia de investigación y búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra de España y el franquismo”, además de “recomendar un Banco Nacional de ADN o la resignificación de Valle de los Caídos”. Los organismos aludidos son, nada menos, que el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (UN), el Grupo de Trabajo de UN sobre desapariciones forzadas e involuntarias, el Relator Especial de UN para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y el Consejo de Europa. Todos ellos afectados por una especie de miopía que les impide observar con cierta ecuanimidad estos hechos históricos, pues el relato comúnmente extendido, tanto sobre la Guerra del 36 como de sus antecedentes y consecuentes, suele estar afectado por una parcialidad exagerada y una falta de rigor científico muy acusada.

En ese inexacto relato han intervenido periodistas e historiadores bastante tendenciosos, como Jay Allen, que falseó deliberadamente lo sucedido en la toma de Badajoz sin haber estado esos días allí, también Vidarte, Sender, Jackson, Preston, Casanova, Solé, Villarroya, etc. Todos ellos dan versiones de aquellos dolorosos hechos más propias de quien se encuentra en el fragor de la propaganda de guerra, que de quien escribe, en el sosiego de la paz, tras una investigación concienzuda, apartando los prejuicios y las preferencias ideológicas.

Solo con esos mimbres y la poca o maliciada inteligencia de los redactores de la ley se puede llegar a obviar, a lo largo de todo el texto, la mención de los hechos y de las víctimas de los años previos a la guerra (1933-1936), años en que se produjeron demasiados hechos violentos como para ser olvidados, en su mayoría cometidos por las fuerzas que luego configurarían el Frente Popular.

Solo con esa parcial y desenfocada visión de la historia, se puede ser capaz de plasmar en una ley el repudio y condena del “golpe de Estado militar” y de la posterior dictadura, pero no hacerlo del golpe de estado de 1934, perpetrado por el PSOE, la CNT y los secesionistas catalanes. Solo con la ceguera que produce el odio, y con el desconocimiento de la historia, se puede contemplar en esa ley la obligatoriedad de retirar los símbolos que unilateralmente declara contrarios a la memoria democrática. ¿A cuáles se refieren?, a los símbolos de los requetés, al yugo y las flechas y a los bustos de Franco, o también están pensando en la hoz y el martillo de los comunistas, a la bandera roja y negra de la CNT-FAI, o las estatuas de Largo Caballero y Prieto de Nuevos Ministerios. Deberían de aclararse y dejar a la gente en paz con sus recuerdos y preferencias, como hasta el 2007 veníamos haciendo, porque se les ve el plumero colorado.

Solo desde una verdadera vocación totalitaria se pueden contemplar, en el articulado de la ley, medidas para introducir en la enseñanza una visión “única” de la historia, para entorpecer la libertad de cátedra, la libertad de expresión, y para adoctrinar a los miembros de la Administración General del Estado.

En fin, la lectura del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática me produce una cierta desazón al ver cómo este gobierno pretende, según ellos, “fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los principios, valores y libertades constitucionales, haciendo efectivo el ejercicio del derecho individual y colectivo de la ciudadania española a conocer los hechos en la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España”. Y lo que realmente va a provocar mediante esta ley es echar sal en las heridas abiertas por la ley de la Memoria Histórica, volviendo a la revisión revanchista de la historia. Cuando, además, es el gobierno más liberticida que hemos tenido desde 1978.

En algún momento tiene que parar la sinrazón de este gobierno y la obsesión enfermiza del doctor de la posverdad, o de la mentira permanente, con enfrentar a los españoles y destrozar España. En algún momento habrá que pararle los pies al peor gobernante que hemos tenido en nuestra patria desde Felipe V.

[1] https://es.findagrave.com/memorial/35230820/elizabeth-charlotte_lucy-bibesco

[2] R. Salas, Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta, 1977, p 116

[3] https://bailedelosdomingos.blogspot.com/2020/03/memoria-e-historia.html