Lo siento, pero hasta ahora no me estoy enterando bien lo que fue el gran “robo” de los ERES en Andalucía. Increible. Ahora pienso que si los españoles hubiésemos sabido lo que estaban haciendo con el dinero de todos el PSOE habría tenido que huir o por Gibraltar o por Despeñaperros. Increible que dos personajes, que incluso han sido Ministros del Gobierno de España, permitieran robar de la manera que un pobre diablo, “drogata”, “borracho”, “putero”, “ladrón” y “chulo” lo hacía, lo hizo durante una decena de años entre aplausos y vítores (¡Claro, los aplausos de los que recibían el dinero a manos llenas!)… ¿Cómo puede saberse que en un solo día todo un señor Director General del Trabajo del Gobierno de Sevilla le entregara a su chófer 1 millon 800.000 mil euros para que se los gastara en coca, en wisky, en putillas, en familiares, en vecinos, en empresarios amigos, y hasta en los porteros de los tugurios sin recibo alguno, sin sellos, sin justificación? 

Increible, pero cierto.

Aunque tampoco es muy de recibo que la prensa no clamara al cielo e incendiara las rotativas denunciando el gran robo que se estaba produciendo.

¿Y el PP? ¿Qué hacía el PP de Aznar, de Rajoy y compañía? 

Lo dicho, entre todos la mataron y ella sola se murió. 

Así que ya saben, lo que hay que hacer el 19 de junio. Aunque, pillamente, ya lo están arreglando los dos grandes (PSOE y PP) para que la sentencia no se haga pública antes que hablen las urnas.

Por su interés les reproduzco hoy el artículo de Herctor Barbotta que se publicó en el Diario “SUR” el día 5 de mayo de 2022. 

“La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme las condenas impuestas por el caso de los ERE, incluidas las que pesan sobre los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otra veintena de altos cargos autonómicos durante la etapa socialista. Tras la primera jornada de la vista celebrada en la sede del alto tribunal, en la que las defensas de los condenados arremetieron contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla y consideraron que decisiones políticas adoptadas desde el Gobierno andaluz fueron enjuiciados como si actos administrativos, este jueves le llegó el turno a las acusaciones. La Fiscalía calificó de excusas los argumentos esgrimidos por los condenados y argumentó que todos ellos eran conscientes de las ilegalidades que se estaban cometiendo en la concesión de las ayudas.

Para el Ministerio Público, durante el juicio quedó probado que se pretendió modificar el sistema de concesión de ayudas para evitar cualquier tipo de fiscalización y control. Según el fiscal Fernando Prieto, se incurrió en ilegalidades patentes mientras los cargos condenados eludían sus responsabilidades y eran conscientes de lo que se sucedía. Aseguró que en ninguno de los más de 270 expedientes analizados en la causa se cumplió con los requisitos sujetos a la subvención ya que no existió procedimiento y los expedientes ni siquiera figuraban en el sistema informático de la Junta.

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En su exposición ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, el fiscal se remontó al año 2000, cuando se produjo un cambió en la presupuestación de la Junta de Andalucía que en su opinión no tiene justificación. «No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones, está expresamente prohibido», dijo Prieto, que recordó que diez años más tarde se volvió al sistema anterior. Ha dicho para luego subrayar que en 2010 se volvió al sistema anterior.

Según el fiscal, la única explicación que se puede encontrar es que desde la Junta se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control.

Así, argumentó el fiscal, se puso un marcha un sistema en el que «no había ningún tipo de documentación, se limitaban a pagar, no había casi ni una sola resolución, no consta solicitud, no se aporta presupuesto desglosado, no se aporta declaración responsable, no se aporta memoria que acredite razones de interés social, no consta autorización de concesiones por parte del Consejo de Gobierno».

Recordó en ese sentido que los técnicos de la Administración andaluza que examinaron los expedientes coincidieron en que todo era un caos, ya que no había documentación y se obraba al margen de cualquier regulación. Así, indicó que las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos en la ley: ni relación de beneficiarios ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades.

El otro fiscal, Rafael Escobar, señaló que además de esta ausencia de base reguladoras tampoco había publicidad en torno a las ayudas, por lo que era inviable que cualquier peticionario pudiera acceder a las mismas. «Se privó de acceder a las ayudas un importante numero de empresas en situación de crisis, que no llegaron a enterarse de que existían», añadió.

Para Prieto, al ser concedidas las ayudas por la Consejería de Empleo sin fiscalización alguna y al pasar por el Consejo Rector «todos ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo» y de que la partida no era adecuada».

En su opinión, no es posible que todo esto sucediera durante una década y que los acusados no tuvieran conocimiento de ello. «Necesariamente tenían que saber. Necesariamente eran conscientes de que se estaba presupuestando mal», subrayó.

El fiscal defendió la sentencia de la Audiencia de Sevilla y respondió directamente a las alegaciones presentadas por las defensas para calificarlas de «cortinas de humo».

En su opinión, los letrados de los condenados «se olvidaron de los numerosos elementos de prueba que expone el tribunal en la sentencia, que hay que valorar en su conjunto».