Andan algunos muy sorprendidos porque Pedro Sánchez, en el acto de homenaje a la víctima de ETA Miguel Ángel Blanco y al “espíritu de Ermua”, se ha referido a España y a “Euskadi” como dos “países libres”.
Se rasgan las vestiduras porque lo haya hecho ante el Rey de España, Felipe VI.

La tendencia entre la derecha lamecoronas es a linchar –con toda razón- a Pedro Sánchez, pero a exculpar -¡cómo no!- a Felipe VI que no hizo nada más que permanecer sentadito y atento mientras destrozaban la dignidad de España parafraseando a Sabino Arana.

A algunos no nos ha sorprendido nada ni lo de Pedro Sánchez, ni la actitud de los lamecoronas ni la del Rey.

Primero de todo porque estamos hablando de un circo impostado. Me explico: el “espíritu de Ermua” jamás existió. Sólo hay espíritu cuando hay una conciencia individual o colectiva y una lucha en el horizonte.
El “espíritu de Ermua” fue la forma que tuvo la partitocracia de castrar, domesticar y reencauzar la protesta social que a raíz del vil asesinato etarra de Miguel Ángel Blanco comenzó a cercar las sedes de Herri Batasuna, a destrozar Herriko tabernas y a pedir el cuello de los etarras.

La memorable protesta social erigida como alzamiento y hartazgo fue abatida cuando los políticos y sus termitas mediáticas cogieron las pancartas, cooptaron las manifestaciones y sustituyeron la exigencia de mano dura por la de “manos blancas” o “Basta ya”.

En 1998, un año después de ser encendido aquel supuesto “espíritu de Ermua”, el presidente José María Aznar - aupado por haber “resistido” al chantaje de los secuestradores de Miguel Ángel Blanco- hizo “surf” sobre el “espíritu de Ermua” que él y otros habían acuñado, y abrió el diálogo con los etarras en Zúrich, calificando a ETA como “Movimiento de Liberación Vasco”, excarcelando a 311 etarras y acercando a otros tantos a prisiones vascas.

Hoy, como ayer, el “espíritu de Ermua” es un trágala, una ficción, una consigna vacía, una falacia. Ni hay “espíritu” ni hay una “derrota de los terroristas” a la que se apuntan PSOE y PP.

Hay una ETA política declarada “partido constitucional” por el Tribunal Constitucional y llamada Bildu, que escribirá el relato oficial de la historia de España para convertir en “víctimas” a los terroristas marxistas de todo signo y, por tanto, con derecho a indemnización al haber sido represaliados por un franquismo que extienden hasta 1983 en la nueva “Ley de Memoria Democrática”.

Hay una ETA política que ha conseguido excarcelar a sus presos más sanguinarios en número de centenares desde 2013, con la derogación de la doctrina Parot por el infame Mariano Rajoy. Una ETA política que hoy ve cómo los poco más de 200 etarras que quedan, son acercaditos a sus hogares y en próximo, excarcelados y premiados por el gobierno vasco.

Hay una ETA política que no necesita matar porque tiene el poder institucional, dinero público a raudales, a Navarra en el bolsillo y a no mucho tardar, a Arnaldo Otegui como lendakari.

¿Y eso de que el criminal Pedro Sánchez haya declarado ante Felipe VI que España está amputada y rota y que comparte vecindad territorial con un país llamado “Euskadi”? Para mí no es ninguna novedad, ni en un socialista, ni en un pepero, ni ante un Rey papanatas.  

Los valencianos poseemos un Estatuto de autonomía rubricado en 1982 por Juan Carlos I de Borbón, y luego reformado por el Partido Popular de Francisco Camps en 2006, donde se califica a la región valenciana como “País valenciano”, expresión  nacida del catalanismo más candente y supremacista. El PP, en la reforma estatutaria de 2006 mantuvo esa etiqueta pancatalanista que aparece en el Preámbulo de la norma y no contento con ello señaló, en el texto del articulado, que la región valenciana es una “nacionalidad histórica”.

Reconocer países inexistentes y nacionalidades artificiales es cosa de la monarquía borbónica y del régimen político vigente desde 1978. Aunque los lamecoronas quieran justificar a Felipe VI con el mantra de que “reina pero no gobierna” u otras paparruchas ya conocidas, lo cierto es que el monarca es símbolo de la unidad y permanencia del Estado según la Constitución, y su papel es el de árbitro y moderador. No obstante lo cual, el monarca abdica de sus funciones, permite que se ataque al Estado delante de sus propias narices y, por tanto, a la Nación misma, y vuelve a demostrar que el famoso discurso del 3 de octubre de 2017 sólo fue un teatro destinado a hacerse de perdonar sus deshonores y villanías como ya hiciese su padre, Juan Carlos I, que estuvo 40 años cometiendo golferías, cobrando comisiones y firmando leyes de aborto y memoria histórica parapetándose en que había “salvado a la democracia” el 23F…