Llegados a finales de los años setenta el modelo organizativo de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social entró en conflicto con la nueva ordenación política territorial del Estado marcado por la Constitución y comenzaron las trasferencias sanitarias a las comunidades autónomas que culminaron en el año 2001 con la extinción del INSALUD. Un modelo centralizado, exitoso desde sus orígenes tanto por su cobertura como por su calidad científica técnica, dio paso a otro constituido por el conjunto de servicios de salud de las comunidades que se denomina Sistema Nacional de Salud. El centralismo, lejos de desaparecer, se multiplicó por 17 trasladándose a las respectivas capitales autonómicas, convirtiéndose la cercanía como base de la nueva gestión en una gran una utopía.

Las comunidades entendieron, desde el momento cero, que los servicios de salud eran un patrimonio propio, lo que los ha hecho difícilmente coordinables. Los problemas de financiación y los límites territoriales estrictos se suman a la anterior característica de tal forma que las diferencias de igualdad y equidad están presentes permanentemente. Además, las 17 estructuras administrativas dificultan, cuando no impiden, la derivación de pacientes entre los diferentes servicios de salud y excelentes centros sanitarios, antaño de referencia nacional y que perdieron esta virtud.

Llegada la crisis sanitaria del coronavirus, esta estructura organizativa no ha dejado de mostrar sus debilidades y su falta de capacidad para hacer frente de forma óptima a un problema de salud global. Como decíamos, la cercanía y el teórico conocimiento del problema de salud no se han traducido en intervenciones singulares. Ninguno de los 17 servicios de salud fue capaz de identificar más o menos precozmente la pandemia de coronavirus.

Por el contrario, la necesaria y normativa coordinación del sistema de salud ha brillado por su ausencia. Un Ministerio de Sanidad desmantelado, carente de autoridad per se y unos servicios de salud con objetivos político-sanitarios propios, han creado un ambiente turbulento que está dificultando la consecución de objetivos comunes.

Todos han clonado los mismos errores y las mismas dificultades para dar respuesta a la crisis. Todos ellos han sido incapaces de proteger el bien más preciado del sistema sanitario. La cifra, próxima a los 50.000 profesionales contagiados, debería hacernos reflexionar.

Sin un Ministerio de Sanidad líder, el mando único creado en plena pandemia, lastrado por sus propios errores, ha convertido las estrategias de salud pública en decisiones políticas, contestadas por los distintos grupos, pero aceptadas por su misma falta de capacidad para aportar proyectos alternativos y soluciones factibles científico-técnicas.

Que nuestro sistema sanitario autonómico utilice o necesite el estado de alarma para garantizar el aislamiento de la población supone una complicada y peligrosa interacción entre salud pública y política. Ello ocurre porque la autoridad sanitaria estatal contemplada en el título V de la Ley General de Salud Pública se ha convertido en un brindis al sol en un estado autonómico, en una sanidad descentralizada, agravado todavía más si cabe en el momento actual por el nulo carisma y cualificación del titular de Sanidad.

Como el ámbito competencial de los Servicios de Salud es territorial, las decisiones sobre las medidas de salud pública son igualmente territoriales, sin coordinación y con recelos, lo que está generando conflictos que acabaran impidiendo la toma de las adecuadas decisiones sanitarias. Dicho con un ejemplo simplista, los parques, las playas, o hay que cerrarlos o tienen que permanecer abiertos en las primeras fases de la desescalada. Lo que no tiene explicación es que en unas capitales permanezcan cerrados y en otras abiertos siendo el problema de salud pública el mismo, las características poblacionales idénticas e inexistentes los adecuados estudios serológicos.

Se puede resumir el actual modelo como el uno por el otro la casa sin barrer. El problema es que lo sufren los ciudadanos y los profesionales sanitarios que han soportado a un elevadísimo coste la pandemia sin equipos de protección. Se han adquirido por todos y descoordinadamente. Proveedores desalmados han estafado a su anchas y las comunidades culpan al Estado y el Estado a las comunidades, eso sí, con mucha cautela en función del signo político de unos y otros.

En condiciones normales los Servicios de Salud han sido una perita en dulce para los gobernantes autonómicos de aquí su interés en mantener la descentralización radical. Pero dado que tendremos que volver a una “nueva normalidad” deberíamos plantearnos una “nueva centralización” de la asistencia sanitaria y salud pública sobre la base de lo aprendido en esta crisis.

Un nuevo modelo dotado de una estructura organizativa y funcional capaz de ofrecer respuestas a todos los problemas de salud, adecuadas científicamente, con los recursos necesarios, homogéneas para los mismos problemas, asumibles por todos y verdaderamente coordinadas en todo el territorio nacional. Sería, sin duda alguna, el Real Decreto que más solidaridad, equidad, igualdad, eficiencia, utilidad y nivel de salud proporcionaría al conjunto de la población.

Dr. Carlos Navarro Arribas

Médico Inspector

Médico Titular de Sanidad Exterior