Los españoles, en general, vivimos confiados y queremos creer que vivimos en una nación democrática y socialmente avanzada, cuyos sistemas de solidaridad social se ocuparán altruistamente de los minusválidos, los ancianos y los pobres niños desamparados. Para poder seguir creyéndolo, nuestra sociedad cierra los ojos y nos califica de “alarmistas” o “conspiranoicos” a los que queremos desvelar la parte más macabra de la realidad en la que vivimos. Esa negación y ocultación de “lo feo” es, precisamente, lo que ha estado impidiendo que se corrija y lo que ha permitido que las manzanas podridas echen a perder el cesto.

 

 Casi 50.000 menores tutelados en España. La retirada de un menor de su familia biológica la decide un simple funcionario de los Servicios Sociales

 

 Un país que no cuida su infancia no tiene futuro y uno de los cestos que se nos ha echado a perder es ese, el de la protección de la infancia. En España hay un excesivo número de menores bajo la tutela del Sistema de Protección de Menores del Estado. La última actualización de la que disponemos es del 31 de diciembre de 2.020, fecha en la que había 49.171, lo que representa aproximadamente unos 6 / 1.000.

 

Llama la atención que un país que viene demostrando su buen corazón batiendo año tras año los records en trasplantes y donaciones de sangre, tenga un comportamiento tan deficiente hacia su infancia como para que los Servicios Sociales tengan que hacerse cargo de tantos niños desamparados.

La normativa legal de nuestro país hace la decisión de sacar a un menor de su familia biológica no depende de un juez, sino de los mismos funcionarios de los Servicios Sociales que gestionan luego los recursos para su manutención.

Y en esas circunstancias, los Servicios Sociales muestran una extraordinaria avidez por declarar desamparos, a menudo por motivos espurios. La mayoría de estas decisiones tan dramáticas se basan simplemente en una situación de pobreza de la familia de origen, pero no en la falta de cuidados o abandono de los niños. De hecho, muchas familias expresan tanto dolor por la pérdida de sus hijos y son capaces de hacer tanto esfuerzo para intentar recuperarlos, que cuesta trabajo creer que merecieran realmente semejante medida.

Además, esta avidez no solo se dirige hacia los niños nacionales, sino también hacia los extranjeros, cuya dotación económica es igual o superior que la de los nuestros. Sirva como ejemplo los más de 1.000 niños de la valla de Ceuta del salto de mayo del 21, que fueron secuestrados en sus colegios por su propio Gobierno y ahora siguen siendo retenidos por el nuestro, pese a la insistente reclamación de sus padres.

España gasta más del doble en la manutención de cada niño tutelado que si lo enviara al internado más caro de Inglaterra

El motivo de este exceso de celo queda en evidencia si nos paramos en el detalle de que el dinero público que se asigna a la manutención de cada niño tutelado supone EL DOBLE QUE UN INTERNADO DE LUJO EN INGLATERRA.

 

En respuesta a preguntas de la Asociación Nacional del Menor Tutelado al Parlamento de Andalucía, se ha llegado a documentar un gasto de 9.813 € mensuales por cada menor en centros de acogida públicos de Andalucía, frente a los 4.086 € mensuales que cuesta el Charterhouse School, uno de los más caros y elitistas del mundo.

 

 

 

Sin embargo, a pesar de este enorme gasto, los resultados educativos y de integración social son, en general, lamentables. Además, continuamente surgen “incidentes” que hacen poner en duda que la tutela pública sea mejor para los menores que la peor de las familias biológicas de la que hayan podido ser sustraídos:

 

Muchos de los niños tutelados terminan en la marginalidad, la delincuencia, la droga o la prostitución

 

 

  • Resulta asombroso que se organicen campañas de recogida de ropa, alimentos o juguetes para niños que tienen una asignación media de 7.000€ / mes.
  • El fracaso escolar es la norma y no hay una preocupación especial por la preparación para la vida laboral. Si a eso le añadimos su desarraigo e incluso pérdida de contacto con sus familias de origen, debido a la sistemática restricción o prohibición de las visitas que les permiten con su familia de origen, se entiende que su destino suela ser la marginalidad, la delincuencia, la droga, la prostitución, etc.
  • Alegando falta de recursos para contratar más personal para el control disciplinario (?) ¡con un presupuesto de 813 € mensuales por niño!, se recurre a la administración sistemática de fármacos sedantes sin control médico, que producen trastornos del desarrollo físico y mental y alguna muerte esporádica. Así mismo se recurre a castigos y contenciones físicas que también han llegado a costarle la vida a algún menor.
  • Se producen muchas desapariciones (v.g. 1.521 en el año 2.019) De estos, unos 300 cada año nunca vuelven a aparecer. Incluso se han documentado casos de venta de niños a redes de traficantes de seres humanos, como la que se desarticuló en la primavera de 2019 en Almería.

 

En el año 2019 desaparecieron 1.521 niños tutelados: de ellos. ¡300 no volvieron a aparecer!

 

Tal es la mala gestión y las deficiencias que, a menudo, las familias de acogida que se ofrecen vocacionalmente para colaborar en el cuidado de estos niños, terminan denunciando a Administración, escandalizados por sus irregularidades y su crueldad para con los menores y sus familias.

Todas estas deficiencias de nuestro Sistema de Protección de Menores han sido silenciadas durante muchos años tras un férreo muro de censura mediática, acoso judicial y exclusión económica para todos aquellos que nos hemos atrevido a denunciarlo. De los muchos ejemplos citamos uno suficientemente explicativo: el vicepresidente de esta Asociación Nacional del Menor Tutelado, el Dr. Juan Mariano Pérez Abad, fue imputado por la Fiscalía de Menores de Cádiz, acusado de calumnias por un artículo que publicó en noviembre de 2015, titulado “Los Niños del Dinero”: por este supuesto delito ¡le pedían una pena de 6 años de cárcel!; el caso fue archivado en fase de instrucción por lo que planteamos que, una vez presentadas las pruebas demostrativas de que todo cuanto se afirmaba en el citado artículo era rigurosamente cierto, debería haberse investigado los “ilícitos penales” de los que se sentían acusados en dicho artículo. 

 

Baleares, Valencia, Gran Canaria, Álava… prostitución generalizada y extendida en centros de menores tutelados de toda España

 

 Pero ahora, en ese muro censor se ha abierto una gran grieta cuando la prensa alemana, y posteriormente la internacional, se hicieron eco de que las niñas tuteladas de Mallorca se prostituían con mucha frecuencia y de que este hecho era conocido y consentido por la Administración desde hacía varios años. Afortunadamente, mantuvieron la presión mediática tanto tiempo y con tanta fuerza que hasta nuestra prensa nacional tuvo que hacerlo público también en España. Posteriormente se ha podido ir dando a conocer que este problema de prostitución de menores tutelados no era exclusivo de Mallorca, sino que estaba extendido por toda la geografía nacional. Hasta tal punto ha trascendido esto, que actualmente tiene en jaque a los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia.

 

La explotación de menores tutelados, especialmente con fines sexuales, no es ninguna novedad, sino un problema muy antiguo. En 1995, el caso Bar Arny de Sevilla (un prostíbulo homosexual que hacía uso de estos niños) llevó a las portadas de los principales diarios los nombres de muchos personajes famosos señalados como usuarios de estos servicios de prostitución infantil. Casi todos ellos fueron declarados inocentes por falta de pruebas después de que fuesen anuladas las declaraciones de todos los menores interrogados. Desde entonces, estos temas están sometidos a una férrea censura, lo que ha impedido que la opinión pública tenga conocimiento de casos posteriores, alguno tan monstruoso como el caso Bar España de Castellón.

Caso Bar España: resulta un escándalo de falta de imparcialidad judicial que la juez señalada como cabeza de esta “presunta” organización pederasta sea la Magistrado Decano de los Juzgados de Castellón, los mismos tribunales que han de juzgar a los demandados

 Bar España es un caso que salió a la luz en 1997, aún más emblemático que el caso de las niñas de Alcasser, pero muy poco conocido. Desacreditado ahora por la mayoría de medios de comunicación en lo que parece  una clara campaña para tapar lo ocurrido, este caso pendiente de juicio incluye violaciones y muertes de niños en rituales satánicos.

Cabe señalar que los denunciantes de este caso están siendo juzgados ahora mismo en los mismos juzgados de Castellón en los que trabajaban varios de los “supuestos” implicados en las violaciones y muertes de aquellos niños.

Como máximo escándalo de la falta de imparcialidad judicial, la juez señalada como cabeza de esta “presunta” organización pederasta (por los ahora acusados de difamación y de haber inventado “un bulo”) es la Juez Decano de los Juzgados de Castellón, los mismos tribunales que han de juzgar a los demandados por haber hecho públicos estos supuestos sucesos.

Esta Asociación Nacional del Menor Tutelado no entra a valorar la veracidad de los graves crímenes denunciados en el conocido como caso Bar España, pero sí muestra su sorpresa ante la falta de transparencia e imparcialidad judicial que supone ser juzgado por un magistrado cuyo inmediato superior, la Juez Decano de Castellón es la principal acusada por los demandados y una de las demandantes en este proceso.

Resulta muy difícil de explicar esta competencia judicial a la opinión pública. Pensamos que la justicia, además de ser justa

debe parecerlo, los ciudadanos tienen derecho a sentir que los tribunales son justos e independientes… ¿No había otro tribunal en toda la nación para juzgar el caso Bar España que no fuera los Juzgados de Castellón?

 

Hasta el momento, los grandes medios de comunicación han sido siempre correas de difusión de “los mensajes oficiales” y se han mostrado -en todos los casos- de un modo vergonzosamente serviles con los poderes públicos.

Pero ahora, los activistas por la infancia en España estamos avanzando algo más.

Por fin hemos conseguido que algún periodista de esa “Gran Prensa”, algún honesto profesional trabajador de los “grandes grupos mediáticos”, algún valiente  reportero asalariado de ese imperio adoctrinador que decide lo que es verdad o lo que es “un bulo”, arriesgando su puesto de trabajo (e incluso llegando a perderlo por su compromiso con la verdad), se está ocupando de divulgar este gravísimo problema y el entramado económico que lo origina.

 

No se trata de caridad: se trata de justicia. Una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad que merece ser destruida

 

 

 

Pero no basta con darlo a conocer, porque lo que buscamos es necesario solucionarlo.

Hay que hacer que se depure responsabilidades entre sus responsables políticos y administrativos, que rindan cuentas y que se dé fin a esta dramática situación que vive una parte de la infancia española. Para eso es necesario que la sociedad no se muestre indiferente ante esta penosa realidad, resulta imprescindible que los españoles se movilicen y exprese su apoyo a estos niños y al activismo que los defiende. Porque una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad que merece ser destruida.

 

Desde la Asociación Nacional del Menor Tutelado estamos impulsando soluciones para dar fin a esta lacra social. Somos realistas y queremos empezar por lo fácil, por “la punta” del problema.

 

Cuando la “caridad pública” se convierte en un gran negocio. Niños Tutelados: “materia prima” para obtener rentabilidad

 

La exagerada dotación económica asignada a la manutención de estos niños es lo que ha provocado que la “caridad pública” se convierta en un negocio de trata de seres humanos.

Un negocio que necesita tutelar cada vez a más menores como “materia prima” para obtener mayor rentabilidad. Este fenómeno, que también se produce con las mujeres maltratadas, los ancianos, con colectivos étnicos como el gitano, etc., lo conocemos como “LOS NEGOCIOS DE LA CARIDAD”.

 

Por eso y por muy paradójico que pueda parecer, proponemos que la primera medida a adoptar debería ser la DRÁSTICA REDUCCIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE MENORES. Que se invierta mucho menos dinero, y que ese dinero se entregue directamente a las víctimas del problema, evitando que esos recursos se queden “por el camino” en el entramado institucional que los gestiona.

 

Pensemos que una familia con 3 hijos en situación de pobreza, podría vivir cómodamente con una ayuda de 1.000 € mensuales. Sin embargo, tutelar a sus 3 hijos, a razón de 7.000 € al mes, nos costaría 21.000 € a los contribuyentes. Ahorraríamos 240.000 € al año y nunca encontraríamos dónde podrían estar mejor cuidados que con su propia familia.

 

Que los MENAs regresen a sus países. Aquí cuando alcanzan la mayoría de edad acaban en la delincuencia

 

 

Y con los MENAs, resulta muy pretencioso por nuestra parte creer que España vamos a querer y cuidar mejor a los menores magrebíes que en sus propios países de origen. Un pasaje de vuelta, ¡aunque fuera en primera clase! siempre resultará más económico que mantener su tutela y les permitiría evitar sufrir el desarraigo y la inadaptación que sufren en nuestro país.

 

Además de evitar destrozar tantas familias y vidas, la reforma propuesta nos ahorraría el peligro de invasión de nuestras calles por esa legión de extutelados inadaptados que, cuando llegan a su mayoría de edad, solo encuentran cobijo en la delincuencia y la marginalidad.

 No aceptamos subvenciones. La Administración no puede comprarnos con dinero

 Pero para sacar adelante este tipo de propuestas, necesitamos apoyo social.

En la Asociación Nacional del Menor Tutelado nunca hemos aceptado ningún tipo de subvención de la Administración, porque es ella, son los poderes públicos quienes  cobijan el negocio de explotación de menores contra el que luchamos y su dinero compraría nuestro silencio.

 Tras años de trabajo y de dar la cara por esta causa, ya no supone ningún riesgo jurídico apoyarla, pero aún somos muy pocos y disponemos de poco tiempo y recursos. Todos nosotros somos gente que trabaja para mantener a sus familias, a las que les robamos un pellizco para el activismo.

 

Nosotros solos no somos capaces de llegar más lejos. Necesitamos la sensibilización y el apoyo de los periodistas valientes y libres, de los medios de comunicación, de los

representantes públicos y de los partidos políticos, para que desmantelen ese nido de corrupción.

Pero sabemos –por experiencia- lo utópico de esperar que la clase política o el imperio mediático se involucre en esta causa por la decencia colectiva, por la verdad y por la justicia social.

Por eso, sobre todo, necesitamos más gente común y corriente, más personas, más sociedad civil capaz de sumarse al activismo en defensa de la infancia, muchos granitos de arena que aporten un pellizco de su tiempo, su esfuerzo o sus recursos o que, dando la cara con su simple inscripción, le confieran a esta Asociación Nacional del Menor Tutelado la fuerza que necesita para la defensa de la infancia desamparada.