La  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Jefatura del Estado «BOE» núm. 313, de 29 de diciembre de 2004, está ocasionando en España una ruptura del tejido social al establecer el Código Penal distinto tratamiento según se trate de hombre o mujer: El art. 153.1 del Código Penal establece diferencia en el castigo penal en función del sexo de quien cometa el delito. Los artículos 171.4 y 172.2 del Código Penal tipifican como delito las amenazas o las coacciones leves de un hombre a una mujer. Si esa misma acción la comete una mujer, se considera falta.

    Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, teniendo en su mesa un Informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (Poder Judicial), documento técnico que le advertía de la inconstitucionalidad de la LIVG 1/2004, la aprobó en el Congreso de los Diputados.

   España, desde la entrada en vigor de esa Ley 1/2004 se está transformando en un nacional-feminismo muy similar al nacional-socialismo nazi alemán: Se ha creado una red nacional de Juzgados de Género (Juzgados de Mujeres), los Jueces, Fiscales y Policía tienen formación en género, las leyes son de género y los juicios son teatros. En 16 años se han interpuesto más de un millón de denuncias instrumentales (falsas) para sacar ventajas en los divorcios, en  el 30% de las condenas sólo se tiene como prueba la palabra de una mujer. Aquí ninguna mujer miente, eso dicen los políticos.

       Frente a 60 mujeres asesinadas cada año (40% a manos de extranjeros), más de 1.000 hombres se suicidan porque les quitan a sus hijos y los condenan siendo inocentes. Los hijos son utilizados y adoctrinados con el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y se consideran también como maltratados con una simple denuncia de género de la madre...

      Aquí estamos viviendo un holocausto de género y es preciso habilitar nuevos Juicios de Núremberg contra los políticos y demás responsables de esta guerra de género a la sombra. Los Fondos Estructurales que llegan de la Unión Europea (UE) para Igualdad, se destinan a desigualdad, sin control, sin auditorias de ninguna clase, hecho que es responsabilidad compartida entre la Unión Europea (UE) y los distintos Gobiernos de España desde el año 2004 hasta hoy.

      El Ministerio de Igualdad español ha habilitado un teléfono para mujeres 016, pero no hay teléfono para los hombres. Estas políticas de género, al ser un negocio rentable, se están exportando a países de habla española: Méjico, Argentina, Chile, Bolivia, Perú…allí llegan las feministas españolas, altas cargas del Estado, a montar e impulsar esta inconstitucional “Industria de Género” española.

       En España se está persiguiendo a un colectivo social, los hombres heterosexuales, por razón de sexo y conduciéndolos al suicidio, más de 1.000 cada año. Incluso hay un “Registro Central de Maltratadores” conectado con el resto de la policía de la Unión Europea (UE).

       Estos suicidios de hombres motivados por las leyes de género y también la jurisprudencia de género, ambos, son delitos tipificados en el Estatuto de Roma, crímenes de Lesa Humanidad cuyos responsables merecen ser llevados cuanto antes a la Corte Penal Internacional de la Haya para ser juzgados.

      Además se está incumpliendo el Convenio de Estambul ya que sólo se contempla la violencia de género, no hay jurisprudencia ni tratamiento para la violencia doméstica o intrafamiliar recogida en el Convenio de Estambul, aquí sólo existe una violencia, la violencia de género.

      Como hombre heterosexual español pido ayuda y protección frente a esta Dictadura de Género. Ruego que para ello se cree una Comisión de Investigación en el Parlamento Europeo. Ofrezco mi incondicional ayuda en todo los que necesiten, tengo información y medios para ampliarla, como contactos con personalidades relevantes en distintos ámbitos sociales que luchan frente a este virus de género español, una pandemia española que está acabando con padres, hijos, abuelos y la familia natural.