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Carta de Ricardo Pérez Ejarque y la Asociacion de Vecinos y Propietarios de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

En estos momentos tan dramáticos de crisis global, es un deber superar la estrechez mental de la burocracia y observar el panorama completo.

Hoy no debemos rehuir la tarea de unir ideas y acciones. En una época en que se ha perdido la confianza, necesitamos hechos que restablezcan la fe del ciudadano en que los gobiernos de turno estén a la altura del desafío.

Se requiere rectificar para resurgir económicamente en la Sierra Norte y un aspecto esencial es restaurar la seguridad jurídica y el atractivo inversor para la Comarca en general y Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias en particular.

El deterioro de la inversión destruye empleo y volvemos otra vez al vagón de cola económico y a retroalimentar el problema absoluto.

Uno de los aspectos fundamentales para atraer a inversores hacia una zona geográfica concreta es que en esa zona se aplique el principio de “SEGURIDAD JURIDICA” desde los distintos niveles de las instituciones del estado: el propio Estado, Comunidades Autónomas e Instituciones Locales.

La Seguridad Jurídica establece un clima de confianza en el inversor quien contará con pautas razonables de previsibilidad y supone el conocimiento de las normas vigentes, pero también una cierta estabilidad en el ordenamiento jurídico.

La Constitución Española (art. 9.3) garantiza la seguridad jurídica junto a otros principios del Estado de Derecho.

Si analizamos, con carácter general, la evolución de la economía desde mediados de los años 50 de la comarca de la Sierra Norte de Madrid, en primer lugar se produce un gran éxodo de personas desde los sectores de la agricultura, ganadería y, en menor medida, de la explotación minera (Canteras de granito),  hacia el sector industrial y de servicios situados en la capital y poblaciones limítrofes.

Esto produce un empobrecimiento global de toda la comarca, causado tanto por la despoblación que se lleva a cabo, como por la disminución de la demanda de los renteros de las tierras y prados utilizados para agricultura y ganadería y, en consecuencia, provoca una drástica caída de los precios del suelo tanto urbano como rústico.

A principios de la década de los 60, en algunas poblaciones, entre las que se incluye Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, se incrementa la riqueza por la expectativa que se produce por la adquisición de terrenos para la construcción de una segunda residencia para personas que provienen de la capital con un nivel de renta media-alta.

El promotor principal es el Ayuntamiento de la localidad poniendo a la venta terrenos propios. El ejemplo del Ayuntamiento es seguido por los particulares y se ponen a la venta gran parte de los terrenos de la localidad en los que, durante esa década y la siguiente, el motor del crecimiento lo produce el sector de la construcción y minería (canteros), tanto por la construcciones de viviendas como por las obras de la Presa de El Atazar y de ampliación de la N-I. El efecto económico que se produce es un gran incremento de la población y de la renta de las familias.

Hasta este momento, todas las decisiones sobre donde se construía, quién construía y cómo se construía las tomaban los Alcaldes de las localidades. Los propios Ayuntamientos eran los que concedían las licencias de construcción y las cédulas de habitabilidad de las viviendas. El criterio que aplicaban los Ayuntamientos era muy simple: si alguien quiere construir en mi población, todo son facilidades porque eso hará que el pueblo cada vez sea más rico: habrá más trabajo para la personas, los ingresos del Ayuntamiento se incrementarán y aumentará el consumo en el comercio minorista y el sector hostelero.

Hasta aquí funcionaba perfectamente el concepto de Seguridad Jurídica: si invertías en un terreno con la idea de construir, o venderlo en el futuro, era perfectamente factible y lo único que había que tener en cuenta era la evolución de la economía nacional o internacional. El precio medio del terreno en una zona rústica llegó a alcanzar las 1.000 pesetas (seis euros) el metro cuadrado.

Sin embargo, a partir de los años 80, con la creación de la Comunidad de Madrid y la asunción en exclusiva de las atribuciones en materia de urbanismo, que le otorgó el Estatuto de Autonomía, se limita sustancialmente el nivel de autonomía de los Ayuntamientos en materia de urbanismo, y empieza a producirse un traspaso de competencias hacia la Comunidad de Madrid, al que algunos Ayuntamientos se adhieren con demasiada prontitud, como es el caso de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. En otros Ayuntamientos de la Comarca esto fue menos invasivo y siguieron creciendo durante la década de los 80, es el caso de Valdemanco, La Cabrera, Garganta de los Montes, Buitrago, Cervera, Gargantilla… En nuestro Ayuntamiento, en esa década, se procedió a la demolición de la primera vivienda en construcción de toda la Comunidad de Madrid por estar en suelo rústico. Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias sirvió de ejemplo al resto de los pueblos de la Comunidad.

A partir de la década de los 90 y hasta la actualidad, la Comunidad de Madrid no deja de tomar medidas tanto ambientales como urbanísticas que colapsan totalmente la economía de toda la Comarca de la Sierra Norte. Los precios del metro cuadrado de terrenos rústicos están, en la actualidad, en unos veinticinco y cincuenta céntimos de euro, frente a los seis euros de los años 70. Del mismo modo ocurre con el desplome del precio de suelo urbano, que sumado a las restricciones incomprensibles para poder adecuar pajares y corrales a vivienda, han conformado un paisaje ruinoso en los cascos urbanos, especialmente en Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias acentuado por políticas locales desacertadas. Todo esto se debe a que la prioridad de la Comunidad de Madrid es la salvaguarda de toda la sierra madrileña. Sin embargo, no existe ningún tipo de compensación para los vecinos y propietarios de esas zonas.

Los Ayuntamientos siguen la política de la Comunidad dentro de sus planes de urbanismo, limitándose ellos mismos en la expansión del municipio. Adicionalmente, empiezan a crear normativas por las que se dejan fuera de norma edificaciones que se habían construido de forma completamente legal. Posteriormente, vuelven a crearse otras normas que dejan fuera de norma a las edificaciones que se habían levantado con la normativa anterior, y así sucesivamente.

Es el caso del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos en aprobación inicial sin participación ciudadana previa, donde se multiplican por 5,3 veces los edificios “catalogados”, aumentándoles al máximo restrictivo el grado de protección/restricción, hundiendo la posible regeneración urbana, económica y social de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Todas estas variaciones contradictorias en la normativa municipal hacen retraerse a los inversores, que ya no confían en lo que pueda suceder en el futuro por la incertidumbre económica que produce esta inseguridad jurídica a lo largo de tantas décadas.

Esta normativa incoherente también afecta al crédito de los particulares pues, como consecuencia, las valoraciones de los tasadores de los bienes inmuebles son inferiores al precio real, solo porque dicho bien está fuera de la normativa municipal. En consecuencia, el importe del crédito del que podrá disponer el particular también será inferior al precio real y deberá disponer de una gran liquidez si quiere comprar un inmueble.

Principalmente, por los motivos anteriormente expuestos, a lo largo de todas estas décadas una parte de la demanda de suelo ha caído en picado hasta nuestros días, ya que la demanda del suelo urbano y viviendas se encuentra en una situación lamentable.

Para evitar esta inseguridad jurídica y para que los inversores vuelvan a creer en el futuro de los pueblos, el nuevo plan de urbanismo debería recoger, entre otras, las siguientes medidas:

  1. Legalización total y declaración dentro de ordenación de todas las construcciones realizadas con arreglo a cualquier legislación o normativa anterior en que se hubiera basado la construcción de la misma, sean de la fecha que sean.
  2. Limitación del Catálogo de Bienes Protegidos a edificaciones que realmente sean susceptibles de protección. Los pajares, las cortes y las viviendas viejas no parece que deban estar en esta situación, pues la inmensa mayoría se reconstruyeron tras la guerra, es decir posterior a 1936.
  3. Ampliar, más de lo que se hace en el Plan General propuesto, la cantidad de metros cuadrados que se puedan edificar o urbanizar. Ahora, el cálculo del incremento se realiza sobre el incremento de población del padrón municipal. Debería realizarse sobre el máximo de población que existe en verano y sobre la demanda real actual y de los últimos tres años.

 La crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19  ha truncado las pocas expectativas de prosperidad.

Ahora, más que nunca, en este momento tan crucial y decisivo para presente y futuro de la Sierra Norte, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias debe despertar de su letargo y decidir sobre su propio destino. Para ello el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y el Plan General de Ordenación Urbana serán los adecuados para lograr  el desarrollo económico del municipio con la ayuda de sus gentes, legítimos beneficiarios finales.

            El momento post covid-19 debe afrontarse con modelos de gestión más colaborativos, que aporten confianza, entre administradores/inversores y por ende, con los vecinos y propietarios, trabajando todos hacia la mejora del pueblo con más potencial de la Sierra Norte.

En definitiva, pensar, planificar y proyectar con más profundidad y antelación, para ejecutar mejor, más rápido, eficiente en costes, sostenible y rentable globalmente.