EL “INFORME CÁRITAS” PODRÍA SER LA GUILLOTINA DEL PRESIDENTE SÁNCHEZ… SI EL SEÑOR CASADO FUERA UN VERDADERO JEFE DE LA OPOSICIÓN

Resumen ejecutivo

Después de un año de pandemia las familias acompañadas por Cáritas siguen acumulando crisis. A la precaria situación que tenían en febrero de 2020 ahora se suman las crisis, en plural (sanitaria, económica, laboral, social, educativa, digital, de relaciones…) que trae consigo la COVID.

 

Y si bien parece que las cifras de empleo parecen acercarse a las que se daban antes de la pandemia, más de la mitad de la población activa acompañada por Cáritas (53%) está en situación de desempleo. 

Una realidad de intenso desempleo que convive con la precariedad que lleva a 4 de cada 10 tra- bajadores (37%) a empleos parciales y a 7 de cada 10 a afirmar que ante una hipotética cuarentena tendrían graves problemas en su puesto de trabajo, les despedirían o bien se quedarían sin ingresos.

Otro clásico elemento de precariedad laboral son los bajos ingresos. En enero, 258.000 personas aten- didas por Cáritas viven en hogares que no han percibido ningún ingreso, 75.000 personas más que antes de que comenzara la presente crisis. Otro reflejo claro de esa pérdida de ingresos es que el 55% de los hogares se encuentran en situación de pobreza severa, que además afecta de forma diferenciada por tipo de hogar y en mayor medida a los hogares con menores (61%), de origen inmi- grante (59%) y monoparentales (59%) 

Una realidad de pobreza severa (825.000 personas acompañadas por Cáritas) de la que no logran escapar ni siquiera los hogares donde alguno de sus miembros está trabajan- do (46%), y que alcanza a seis de cada diez hogares (59%) cuando el empleo es informal.

Y ante estas situaciones tenemos un sistema de garantía de ingresos que brinda poca protección, con un ingreso mínimo vital que no acaba de arrancar. El 67% de las familias atendidas por Cáritas dicen contar con ninguna o insuficiente información como para tramitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esto implica que hay pocas solicitudes, y si sumamos las denegaciones y los casos que aún están esperando respuesta tenemos un panorama desalentador, pues solo el 3,6% de las familias lo están cobrando en la actualidad.

Esta baja tasa de cobertura, unido al hecho de que el 39% de las familias que percibían la renta autonómica de inserción han dejado de hacerlo, sitúa a miles de familias en una clara situación de desprotección.

Como consecuencia de las condiciones económicas que atraviesan, el 16% de las familias atendidas por Cáritas se han visto obligadas a cambiar de vivienda. En cuanto a la sostenibilidad en este ámbito, cerca de la mitad de hogares tienen graves dificultades para afrontar los gastos de al- quiler o hipoteca (44%), así como los gastos de suministro asociados a la vivienda (47%), lo que supone un deterioro en sus condiciones de vida. 

A pesar de estas dificultades, se vislumbra un claro intento por salir de un apagón tecnológico en el que aún están más de 245.000 hogares. La persistencia de la brecha digital supone la pérdida de oportunidades —formativas, laborales, etc.—, una mayor dificultad para aprovechar las oportunidades educativas y, por ende, se convierte en un factor de cronificación de las situaciones de pobreza. 

En el ámbito educativo, los confinamientos y cuarentenas están forzando a un papel más activo de las familias en el proceso educativo, evidenciando las dificultades que tienen los adultos para ayudar con las tareas escolares, bien sea por el propio contenido de las materias (20%), por falta de habilidades tecnológicas (13%), por limitaciones idiomáticas (11%) o porque no es posible conciliar esta ayuda con el aspecto laboral (5%). Circunstancias que provocan que el sistema educativo vea mermada su capacidad como mecanismo compensador de la desigualdad y su capacidad para paliar la transmisión de la pobreza de una generación a la siguiente.

Todo el contexto social y personal tiene consecuencias sobre la salud. Así, prácticamente 3 de cada 10 hogares sienten que ha empeorado su salud física, una proporción que alcanza a más del 50% de los hogares si hablamos de salud psicoemocional. Las principales causas de este empeoramiento están relacionadas con la crisis sanitaria de la COVID y con las medidas asociadas para frenar la transmisión del virus. Medidas que conllevan un aumento de la soledad.

De hecho, se aprecia un cierto agotamiento de las relaciones sociales y de la ayuda que estas pueden prestar. En un 42% de los hogares se han deteriorado o debilitado las relaciones de amistad y aún no se recuperan los niveles de ayuda y apoyo social que las familias tenían en el mes de febrero de 2020.

Todo esto genera que al mirar hacia el futuro el 55% de los hogares sientan miedo y el 83% preocupación. Sin embargo, siempre queda la esperanza (85%). Una esperanza a la que todos, como sociedad, debemos dar respuesta. Una esperanza que apela directamente a la administración como garante de derechos, así como a la solidaridad y compromiso de la ciudadanía.

Introducción

El año 2020 pasará a la historia como el año en el que un virus hizo parar el mundo. Escuchamos el silencio y experimentamos la quietud. No obstante, lo que en unos hogares pudo ser un respiro y una oportunidad para parar, reflexionar, reconocer a las personas con las que convivimos y a nosotros mismos, aun con todas las dificultades que se han encontrado y vivido, en otros hogares supuso pérdida de empleos, caída o desa- parición de los ingresos, irrupción de una brecha digital que ahonda las desigualdades y una incertidumbre compartida por toda la sociedad pero que, en su caso, se torna en miedo para resolver y afrontar el futuro.

Con este contexto, desde Cáritas nos preguntamos cómo estarían viviendo esta situación las familias que acompañamos, y seguimos preocupándonos por cuál es la evolución que su realidad está teniendo. Así, tras una primera mirada durante el confinamiento más estricto del mes de abril, volvimos a conversar con estas familias en septiembre, y lo hacemos una vez más en enero de 2021, a las puertas de que se cumpla el año de aquel estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 en España. 

Así llega este tercer informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas y evidencia que, para las ya maltrechas economías de las familias acompañadas por Cáritas, el tsunami que paralizó la economía y los efectos de su ola sostenida están durando demasiado. Y que el espejismo de cierta recuperación en deter- minados indicadores como el empleo, no es más que eso, un espejismo que después no se ve reflejado en la mejora de sus condiciones de vida.

El espejismo de una recuperación que no termina de llegar pero que, incluso en el caso de confirmarse, llevaría a estas familias a una situación de partida (febrero 2020) en la que el desempleo, la fragilidad de sus ingresos y la debilidad de sus redes ya les había puesto al borde del abismo. 

Un año, pues, acumulando crisis (sanitaria, económica, laboral, social, educativa, digital, de relaciones…) que se suman a un punto de partida que ya era precario y desalentador. Un año acumulando crisis y en el que la protección a quienes más están sufriendo no termina de llegar. 

Necesitamos las soluciones imaginativas que tanto se reclaman ahora para ampliar nuestra mirada y aumen- tar nuestra implicación social, para construir un nosotros realmente integrador y no excluyente, y para que el futuro que está llegando, pero que aún no sabemos cómo será, brinde las mismas oportunidades a todas las personas.

Ojalá este informe ayude en ese propósito.

Realidad económica y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad

  • El espejismo de la recuperación laboral

 

Si prestamos atención a la evolución que ha llevado la situación laboral de las personas atendidas en Cáritas desde que inició la pandemia podemos ver que las realidades tanto de empleo (formal e informal) como de desempleo se sitúan en cifras similares a las del mes de marzo, antes del estallido de la pandemia. 

Persiste el desempleo para la mayoría de las personas (53%) 

No obstante, este espejismo de recuperación no debe maquillar ni ocultar las difíciles situaciones que se esconden detrás. En primer lugar, conviene reseñar que más de la mitad de las personas que desearían tra- bajar no lo han podido hacer durante el mes de enero de 2021 (53%). En un sistema social donde gran parte de las opciones de integración pasan por acceder a un empleo, este es un derecho del que se está privando a más de la mitad de la población acompañada por Cáritas. En segundo lugar, hablar de recuperación suele tener una connotación positiva, con el regreso a un punto de partida favorable. En este caso, volver al punto de partida, si bien implica mejora en la situación de empleo tras el gran tsunami de abril, también significa volver a situar a las familias en una posición de clara vulnerabilidad que ya les llevó a necesitar algún tipo de apoyo por parte de Cáritas en la situación pre-pandemia.

 

La precariedad laboral, descrita y denunciada en múltiples documentos por Cáritas1, está en la base de dicha vulneración y la agrava. Uno de los principales elementos que constituyen la precariedad es la temporalidad, y en el presente informe hemos constatado la persistencia de dicha temporalidad. De aquellas personas acompañadas por Cáritas que cuentan con un empleo (sea este formal o informal) casi cuatro de cada diez (37%) no han trabajado el mes completo y, de hecho, el 25% de estos han trabajado siete o menos días du- rante el último mes.

 

La precariedad se evidencia en bajos ingresos y alta temporalidad

 

 

Una precariedad que además de en la citada temporalidad y en el nivel de ingresos, que abordaremos en el siguiente epígrafe, en este contexto COVID puede medirse por las dificultades que supondría para las personas con trabajo la necesidad de guardar una cuarentena. Ya llevamos casi un año de pandemia y, de alguna forma, se han normalizado situaciones excepcionales como los confinamientos perimetrales, los toques de queda o las restricciones de horarios. Del mismo modo, las cuarentenas, por mostrar síntomas o por contacto estrecho con una persona diagnosticada positivo en COVID, se han hecho habituales en estos tiempos. A pesar de esta normalización, un 71% de las personas que trabajan tendrían graves problemas en su empleo, les despedirían o se quedarían sin ingresos ante una hipotética necesidad de hacer cuarentena.

 

 

Conviene, por tanto, reseñar que, a pesar de acercarnos a las cifras de antes de la pandemia, el desempleo y la precariedad siguen dominando el panorama de la situación laboral de las familias acompañadas por Cáritas. Lo que nos lleva a pensar que, bajo ningún concepto, volver a las cifras de pre-pandemia puede ser valorado como un éxito u objetivo suficiente.

  • Vuelve a crecer el número de hogares sin ingresos y en situación de pobreza

En el mes de febrero, antes del estallido de la pandemia, los hogares que no contaban con ningún ingreso eran una realidad que acuciaba a cerca de 183.000 personas. Hoy en día esta situación afecta a 258.000 personas, lo que significa que, un año después, hay 75.000 personas más que viven en hogares donde no ha entrado ni un solo euro a lo largo de todo el mes y para quienes las dificultades de pagar la vivienda, alimen- tación o un medicamento se multiplican y llegan al extremo 

El drama de los hogares sin ningún tipo de ingreso sigue al alza: en enero un 17%

Tal y como expresábamos en el anterior informe de esta serie2 , la pobreza es una realidad extendida y persistente entre la población en situación de vulnerabilidad y exclusión a la que acompaña Cáritas, y así lo

 

corrobora el gráfico 4, en el que se evidencia que la tasa de pobreza severa3, incluso antes de que llegara la pandemia, ya afectaba a más de la mitad de la población (52%). En el mes de enero de 2021, esta tasa de pobreza se sitúa en un 55%, un valor muy próximo, aunque ligeramente superior, al que se registraba en el pasado septiembre, y que nos subraya que hay alrededor de 825.000 personas que viven en hogares donde los ingresos son claramente insuficientes para llevar una vida digna.

Una pobreza que, como bien es sabido, no afecta de forma homogénea a todas las capas y tipologías de hogar. Contar con menores de edad a cargo incrementa notablemente el riesgo de caer en situaciones de pobreza, y también lo hace, aunque en menor medida, ser hogar monoparental o que los componentes del mismo sean personas de origen inmigrante.

 

825.000 personas acompañadas por Cáritas viven en situación de pobreza

Con unas tasas de empleo similares e incluso ligeramente más altas que en septiembre del pasado año, las causas de este incremento de situaciones de pobreza hay que volver a buscarlas en la precariedad. El empleo, que antaño podía ser considerado un sinónimo de integración social y un salvavidas contra situaciones de pobreza, hace tiempo dejó de blindar a las familias, como así lo demuestra el hecho de que el 46% de los hogares donde algún miembro está trabajando se encuentra en situación de pobreza severa, una realidad que viven casi seis de cada diez hogares (59%) cuando el empleo es informal.

 

Así pues, este primer mes del año nos deja un panorama de gran preocupación con respecto a las familias participantes de Cáritas. Si bien el mes de abril, con un confinamiento domiciliar estricto, se mostró como el más crítico en cuanto a situación laboral y niveles de ingresos, la situación actual erosiona aún más si cabe la ya delicada situación que vivían las familias. Esta tercera ola de la COVID ha traído persistentes restricciones de horarios y actividad en sectores económicos claves en la empleabilidad, como la hostelería, toques de queda, confinamientos perimetrales por municipio y/o comunidades autónomas que han ahondado en el deterioro de unas economías familiares que ya vivían al límite y que además se han visto privadas, en muchos casos, de los salvavidas que las temporadas de verano y/o Navidad solían representar. 

  • El sistema de garantía de ingresos brinda poca protección

 

El Ingreso Mínimo Vital sólo da cobertura al 3,6% de las familias en situación de pobreza

En un contexto como el actual, con la crítica situación de desempleo y falta de ingresos de las familias acom- pañadas por Cáritas, la eficacia del sistema de garantías de ingresos en su totalidad, tanto el recién Ingreso

Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal, como las distintas rentas autonómicas, y la complementariedad entre ambas, se torna imprescindible.

El Ingreso Mínimo Vital sigue siendo una herramienta de muy poco arraigo entre la población en situación de exclusión hasta el punto de que el 67% de las familias acompañadas por Cáritas dicen contar con ninguna o insuficiente información para tramitar su solicitud. Así pues, el desconocimiento del instrumento y su complejidad administrativa para tramitarlo deberían ser dos limitantes a los que se debería prestar especial atención, tanto desde el propio aparato del Estado como desde las organizaciones de la sociedad civil.

Esta falta de información se traslada de forma muy directa a la “no solicitud” de dicha prestación, que ter- mina siendo una realidad que viven el 72% de las familias atendidas por Cáritas y el 67% de aquellas que, además, están en situación de pobreza severa.

Tabla 1. Porcentaje de familias según su situación con respecto al IMV 

 

Pero las dificultades no se están quedando en el manejo de información y la tramitación del IMV. Si obser- vamos el número de familias que están percibiendo el IMV vemos que, en ambos casos, tanto para el con- junto de las familias acompañadas por Cáritas como para las que están en situación de pobreza, sólo está accediendo a dichos ingresos un 3,6% de las familias, lo que implica una tasa de cobertura extremadamente baja para una medida que lleva ya ocho meses en marcha y que debería ser la última malla de protección.

 

Y si es preocupante la baja tasa de cobertura, también lo es el número de familias a las que, habiéndolo solicitado, les ha sido denegado el mencionado IMV (12%). El hecho de que entre los hogares acompañados por Cáritas haya más de 33.000 hogares (12%) en situación de pobreza severa y a los que les ha sido dene- gado el IMV evidencia graves carencias en el instrumento, que no es capaz de responder a la situación actual de vulnerabilidad económica de las familias. Bien por la complejidad de la tramitación, por la imposibilidad para las familias de acreditar situaciones concretas, o bien por carencias en el propio diseño de la norma, el resultado final es que el IMV deja fuera al 12% de las familias en situación de pobreza que lo solicitan, que pueden ser más cuando se resuelvan los expedientes pendientes. Por tanto, a día de hoy, y reconociendo que se trata de un instrumento que sigue sufriendo reformas que lo están modificando y mejorando, el IMV no está cumpliendo el gran propósito con el que fue creado y deberían continuar las revisiones en este sentido.

 

En un estado como el español, con multitud de competencias transferidas a las comunidades autónomas, la complementariedad del IMV con las diversas rentas autonómicas de inserción es igualmente un factor clave

 

en el sistema de garantía de rentas. Entendiendo que un buen ajuste entre el IMV y las rentas autonómicas requerirá tiempo, la fotografía que nos ofrece la realidad actual es que en este mes de enero casi cuatro de cada diez familias (39%) que percibían la renta autonómica han dejado de hacerlo.

 

 

Cuatro de cada diez familias que percibían una renta mínima autonómica han dejado de hacerlo

 

Así pues, y reconociendo que la llegada del IMV al sistema de garantía de rentas requiere de cierto tiempo de ajuste y con la esperanza de que se revisen algunos de sus preceptos, podemos concluir que su tasa de cobertura aún es muy escasa y no llega a cubrir las bajas que las rentas autonómicas de inserción se están produciendo.