Pues va a ser que no, pero las cosas se están poniendo realmente difíciles. Ayer el Congreso aprobó con el voto en contra del PP y VOX, borrar sin orden judicial todas las noticias que "ellos" consideren que son delito de odio. En esa misma sesión PSOE y Podemos se han negado a prohibir por ley los homenajes a etarras.

Una violación a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales.

 ¿No es más fácil que el que mienta o atente al honor de alguien sea Juzgado y condenado si así se demuestra?
 
Fíjense el peligro que esto conlleva solo repasando el pasado más reciente de Abril del 2020 hasta aquí:

PODEMOS en Abril presentó varias denuncias por la "elaboración y difusión de 'ciberbulos' e informaciones tergiversadas a través de redes sociales para causar alarma y caos en medio de la crisis generada por la pandemia del Covid-19" y en septiembre la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió el archivo de las diligencias de investigación abiertas en abril sobre un supuesto delito de injurias y calumnias al Gobierno, entendiendo que “no constituyen delito alguno y gozan del amparo del derecho fundamental a la libertad de expresión”. Ya no hará falta que lleguen a la Fiscalía. Las borarán y punto...y las quejas al "maestro armero" como sucede actualmente en Facebook.

Lo que pretende el Gobierno es presionar a las redes sociales para que supriman rápidamente (24 horas) contenidos que no constituyen delito, bajo amenaza de graves sanciones si no lo hacen. La pregunta clave es: ¿quién va a decidir qué es un mensaje de odio y qué no? ¿el Gobierno? No parece una buena idea.