Entrevistamos a D. Jesús Muñoz de Priego.

  1. Jesús Muñoz de Priego es abogado y asesor de entidades y organizaciones de iniciativa social de enseñanza. Tiene pasión por la libertad. Todo lo contrario de lo que hace este gobierno pastiche formado por los apoyos de organizaciones filoterroristas, secesionistas de toda laya y procomunistas en la órbita de organizaciones como el Foro Sao Paulo o Grupo Puebla, a la que presta su apoyo inconfundible el expresidente Zapatero y muy probablemente el actual.

                Por eso me encanta este personaje que se posiciona claramente a favor de la libertad;  a favor de los derechos de los padres; a favor de la protección del Superior Interés del Niño; y a favor de un marco educativo que proteja el derecho y capacidad de los padres para elegir lo mejor para sus hijos, todo ello en relación con los convenios internacionales de protección a los derechos humanos, cada vez más olvidados y subordinados a intereses de control mental de la población.

 

                Jesús Muñoz de Priego es también representante de la organización “Mas plurales” que aboga por defender la diversidad de proyectos educativos y la oferta de esa pluralidad de oferta para que los padres elijan lo que consideren mejor para sus hijos.  En definitiva, aboga por la democracia, entendida esta como un sistema que consiste en algo más que ir a votar cada cuatro años.

 

  1. Jesús. Usted, como asesor y representante de ciudadanos que buscan la libertad de educación, amparada, por cierto, por el artículo 27 de la Constitución Española, se posiciona contra la llamada ley Celáa, la LOMLOE. Explíquenos, por favor, las razones.

                La ley Celaá es una ley intervencionista, y nos sitúa en un marco que aboga, que posibilita, una escuela pública única, como modelo excluyente. Lo suyo no es una opción por la escuela pública, sino por excluir cualquier otro tipo de escuela.

                Por otro lado, era (y es) evidente que, no solo la comunidad educativa, sino el conjunto de la sociedad demandaba un pacto de estado por la educación, una ley de consenso que dotara de estabilidad a un sistema educativo desquiciado con tantas leyes ideológicas sucesivas. Y, por el contrario, nos hemos encontrado con que el Gobierno de coalición, de PSOE y Unidas Podemos, no solo no ha pretendido el consenso, sino que ha imposibilitado cualquier diálogo. Y así, lo vemos planteando una ley con urgencias innecesarias (la muestra es que más de un año después seguimos sin sus normas básicas de desarrollo, sin las que no se puede implantar), en plena pandemia; es la primera ley educativa de la democracia que no ha llevado a la comunidad educativa a su tramitación; la que menor número de votos ha alcanzado en el Congreso; la que no valoró ninguna de las casi 650 enmiendas en el Senado, para impedir que tuviera que volver al Congreso y siguiera creciendo el debate...

                Y lo peor es su ataque a todo lo singular, a todo lo particular: la concertada, la diferenciada, la educación especial específica, la asignatura de religión… y, con ello, a la libertad de enseñanza.

                Hay quien pueda pensar que, una vez aprobada, hay que pasar página sobre el debate de la LOMLOE, y que ya es cosa del pasado, pero se equivocan, porque la misma mantendrá su carga ideológica durante toda su vigencia.

 

                ¿Habría posibilidad, por muy remota que parezca, para que, de una vez, tras cuarenta años de democracia y ocho leyes educativas, casi una por legislatura, se pueda poner la clase política de acuerdo para redactar un texto legislativo que permita la estabilidad del sistema y la calidad; o es que la política está al servicio de los intereses ideológicos y políticos de los partidos y no al de la sociedad a la que representan? ¿Si no son ellos capaces, por qué no se forma un comité de expertos de todo el espectro ideológico para que lo haga?

                Si no se ha llegado a un acuerdo es simplemente por falta de voluntad política. Y, ciertamente, no creo que estemos en un buen momento para ello, porque, con su actuación, el PSOE ha quedado deslegitimado para pedir cualquier tipo de consenso cuando abandone el gobierno, sea esto cuando sea.

                Es cierto, que no han alcanzado acuerdos ninguno de los partidos que han gobernado, pero, francamente, en esto la equidistancia sería injusta. El PP en su última legislatura de gobierno suspendió la aplicación de su ley, y creo una subcomisión en el Congreso por la que pasaron más de ochenta personas y entidades, para modificarla. No surtió efecto porque el PSOE la bloqueó, exigiendo, como condición previa, un 5% del PIB para educación, que ellos después tampoco han cumplido. Y, por el contrario, el PSOE al alcanzar el gobierno, ha dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo, con una tramitación legal exprés en plena pandemia mundial, en la que, por no cuidar, ni siquiera lo ha hecho en las formas, escuchando al menos a la comunidad educativa en su conjunto, aunque después la desoyera. No es que no haya conseguido un pacto, es que no lo ha pretendido.

                A pesar de todo, toca a la sociedad civil exigir (entiéndaseme bien, no pedir, exigir), ese pacto de estado por la educación, que además no puede partir de cero, sino del último consenso alcanzado, que es el artículo 27 de la Constitución, y que no se debe hacer contra las libertades de los ciudadanos, sino a su favor.

                ¿Cuáles son los puntos más críticos que perturban la paz escolar y generan estrés en la comunidad educativa de los centros de iniciativa social en estos momentos?

                Hay aspectos que generan estrés a toda la comunidad educativa, sin diferencia en cuanto a la titularidad de los centros: las leyes sucesivas partidistas (los docentes están cansados de aplicar aspectos que saben que no van a durar, es imposible ilusionar con eso); la falta de recursos y dotación; el poco reconocimiento social (los docentes se sienten solos, sin autoridad, sin respaldo) y también el económico (porque los docentes españoles carecen de carrera profesional en la que puedan mejorar); el control milimétrico de sus actos y la falta de confianza de la Administración, y de autonomía; la burocracia extrema, que roba horas a la labor educativa con los alumnos, que es lo realmente importante;…

                A la escuela de iniciativa social, además, se le suma estar siempre bajo una espada de Damocles, pendiente de que la Administración de turno decida quitarte el concierto educativo, aunque tengas demanda y seas un centro solicitado, o la inadmisible discriminación en cuanto a dotación económica, pues la Administración gasta en una plaza concertada en torno a la mitad que en una de su titularidad, pública.  Es inadmisible esa discriminación manifiesta, que se basa en invertir la mitad en educación en los alumnos que eligen concertada, aun siendo igualmente plaza sostenida con fondos públicos, como sanción por el mero motivo de haber ejercido una libertad pública que le corresponde y que está reconocida en el marco constitucional.

                ¿Cree usted que en el fondo hay una estrategia tramada por el Gobierno social-comunista para liquidar los centros de la Iglesia?

                Creo que es una estrategia para potenciar y posibilitar una escuela pública única, es decir, solo la escuela de titularidad de la Administración pública. Es cierto que, por historia, en España la mayor parte de los centros de iniciativa social son de la Iglesia, porque la Iglesia se encargó de la educación antes que el Estado.

                La educación ya está muy intervenida, con un control exhaustivo de los contenidos y de la organización, que no es de mínimos, sino de máximos, pero el Estado intervencionista tiene a expandirse hasta el infinito, nunca tiene límite. No solo quiere controlar la educación, quiere ser el único titular de centros.

                 ¿Cuáles son las reivindicaciones principales de “Más plurales” y en qué se fundamentan?

                En resumen, es la defensa de la libertad de enseñanza. Nosotros no vamos contra la escuela pública (eso debe quedar muy claro), porque la misma también se justifica y fundamenta en la libertad de enseñanza. De tal modo que toda familia que quiera pública debe tener garantizada una plaza, exactamente igual que aquella que quiera una escuela con un ideario determinado, sea este referido a las opciones morales o religiosas, a las opciones pedagógicas o a las opciones organizativas (que son las tres acepciones de ideario que ha reconocido el Tribunal Constitucional), también deben tenerla.

                El intervencionismo y la libertad son inversamente proporcionales. Y, por el contrario, la libertad y la democracia lo son directamente. De este modo, esto quiere decir, que a más intervencionismo menos libertad y menos democracia. Nos estamos jugando la sociedad del futuro.