El fiscal pide cientos de años de cárcel por presunta prevaricación, malversación, delitos fiscales y falsedad en la llamada Operación Cesar o “Fraude del Ave”, librando a dos de los implicados de mayor relevancia (el Secretario del Juzgado y su hijo y socio) tras estimar los recursos presentados por el abogado penalista murciano Raúl Pardo Geijo Ruiz.

La Jueza de Murcia ha abierto juicio contra 79 acusados de un presunto fraude multimillonario cometido con el desvío de grandes cantidades de dinero, hasta medio centenar de millones de euros, en las obras de la alta velocidad ferroviaria (AVE) a la ciudad de Murcia. Entre los sospechosos se encuentran constructores, exdirectivos de Adif, arquitectos, integrantes de empresas responsables del control de esas obras y antiguos directivos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Especialmente relevante resulta el hecho de que algunas de las más importantes empresas constructoras del país serán llevadas también a juicio, como integrantes de varias UTE que estaban desarrollando ese proyecto y a título de responsables civiles subsidiarias y partícipes a título lucrativo.

 

Las investigaciones sobre esta supuesta malversación de fondos públicos de enormes dimensiones, conocidas como 'caso César', se iniciaron en 2015, a raíz del descubrimiento de la supuesta facturación falsa de una empresa murciana, O.M, que estaba realizando la sustitución de las infraestructuras hídricas dañadas por el trazado del AVE entre Crevillente y Murcia, a través de la Vega Baja. La Agencia Tributaria  desvelaba presuntas irregularidades fiscales a través de un entramado de empresas sin actividad que emitían facturas falsas que según el fiscal habrían permitido desviar al menos 24,9 millones de euros del presupuesto de Adif, con otros 2,1 de perjuicio a la hacienda pública.

 

 

Cuatro tramos

 

Las investigaciones de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil, una vez comenzaron a tirar de ese hilo, desvelaron la aparente existencia de un entramado de corrupción de grandes dimensiones, en el que se habrían desviado grandes cantidades de dinero público con la presunta simulación de unas obras que no existían. En concreto, esa presunta malversación se habría producido en cuatro tramos situados entre la localidad alicantina de Crevillente y Murcia.

 

Entre los acusados figuran algunos antiguos altos dirigentes de la compañía estatal Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), como el ex director general de Grandes Proyectos, el antiguo director de la Línea de Alta Velocidad (LAV) del Levante, el exdirector de Infraestructuras y exsubdirector de LAV Este, , y el exjefe de Infraestructuras. También han sido llevados a juicio el exjuez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, y el expresidente de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri.

 

Sin embargo deja impune a dos de los principales acusados (el Secretario del Juzgado de Aguas y su hijo y socio). Las gestiones de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Estatal Tributaria, y los agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia permitieron conocer que el exsecretario del Juzgado de Aguas de Orihuela se embolsó entre los años 2011 y 2013 unos 700.000 euros de una empresa constructora de Murcia, O.M SL, a cambio de supuestas labores de asesoramiento y trabajos de informática que no se habrían efectuado. Para ello, A. B habría montado junto a su hijo la comunidad de bienes A.L.I, que era la que utilizaba para facturar. Sin embargo, estos dos últimos resultan absueltos (sobreseídos) tras estimar las pretensiones planteadas por Pardo Geijo y se libran de las penas de cárcel solicitadas así como de la millonaria multa atribuida.

O.M se estaba encargando en esa época de reparar las tuberías y acequias afectadas por la instalación de las vías del AVE, por lo que los investigadores sospechan que los pagos a Bueno, así como al exjuez J.A y al ingeniero J.M.F eran una forma de garantizarse los trabajos y que desde el Juzgado de Aguas no se le iban a poner reparos a su tarea. La resolución modifica así la situación procesal  de estos acusados, tras estimar los recursos presentados por el abogado penalista murciano, que quedan libre de responsabilidad penal. Inicialmente se le atribuían los presuntos delitos de estafa, falsedad documental, malversación, pertenencia a organización criminal e insolvencia punible, entre otros.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular solicitan cientos de años de cárcel para los encausados por presuntos delitos continuados de prevaricación, fraude, delitos fiscales, falsedad documental, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Más concretamente, la Abogacía del Estado pide que las empresas implicadas en el fraude de las obras del AVE paguen una multa y ha pedido penas que suman el equivalente al triple de las cantidades defraudadas, que los investigadores consideran que superaron los 50 millones de euros. También solicita una pena 16 años de prisión para el exdirector de Infraestructuras para Levante del Administrador de Infraestructuras (Adif), otro de los principales inculpados en el fraude millonario.