En diciembre de 2021, Javier Marzal, promotor de la alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL, ha denunciado al Gobierno ante la Comisión Europea por el nombramiento de la juez Elisabeth Castelló Fontova para el Eurojust.

En la denuncia se dice que: “El conocido Expediente Royuela contiene documentos que prueban que el nombramiento de esta prevaricadora juez que vende sus sentencias ha sido decidido por José María Mena Álvarez, como premio por prevaricar contra Santiago Royuela, como represalia por denunciar en su canal de YouTube los crímenes de ambos. Mena (Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (1996-2006), creó una metamafia en dicha Fiscalía en la que implicó a la policía científica, y a varios policías judiciales a su mando, entre ellos un Sargento de la Guardia Civil y un Agente de la Policía Nacional”.

Se informa de los crímenes de la metamafia de Mena, la referencia sobre ésta del jubilado Comisario José Manuel Villarejo Pérez en el Congreso, el 20 de octubre de 2021.

Se añaden enlaces a varios vídeos del canal en YouTube de Santiago Royuela tratando sobre la corrupción de esta juez, se cita la denuncia del juez Fernando Presencia contra esta juez en 2021 y que acaba de ser denunciada ante la Agencia Tributaria por tener más de cuatro millones de euros sin declarar en el extranjero, incluso utilizando una identidad falsa. Se informa del nombre falso, de los bancos, de las cuentas y de los saldos.

Se añade que “Esta juez forma parte de la red de jueces prevaricadores creada por Mena el siglo pasado” y que “El Gobierno encubre a la metamafia de Mena porque su partido político (PSOE) ha encargado varias escuchas ilegales y asesinatos, porque Mena aporta el 10% de sus millonarios beneficios para financiar al PSOE y porque Mena ha hecho ganar ingentes cantidades de dinero a varios ministros actuales”.