El Ministerio Fiscal solicita una pena de 14 años de prisión por homicidio con la circunstancia agravante de parentesco y la circunstancia atenuante de trastorno psiquiátrico.

Hoy lunes comenzará en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio con jurado popular a Gaspar Olmo por el homicidio de su esposa Maria José Pallarés, la vecina de Arganda del Rey (Madrid) que el 12 de octubre de 2018 resultó muerta en el transcurso de una discusión en el seno de la vivienda unifamiliar que compartía con su marido, quien le asestó un fuerte martillazo en la cabeza para posteriormente acabar con su vida asfixiándola.

Una vez fallecida la mujer de 67 años, el homicida confeso ideó un plan para ocultar el cadáver. El presunto autor de los hechos, quien confesaría los mismos ante la Guardia Civil de Arganda del Rey, tras acabar con la vida de su esposa, trasladó el cadáver en el maletero de un vehículo hasta el pantano El Arenoso de Montoro en la provincia de Córdoba, localidad de la que es oriundo, sumergiéndolo allí con la ayuda de una losa que hizo las veces de lastre, atado de pies y manos y con una bolsa de basura que le cubría la cabeza.

Una vez se deshizo del cuerpo sin vida de su mujer, él mismo denunció la supuesta desaparición de esta, alegando que la misma estaba pasando por una profunda depresión los días previos, fingiendo no sólo ante los agentes de la Guardia Civil sino ante sus propios hijos, lo que provocó que a María José Pallarés se le diera la consideración de desaparecida y se activaran todas las alarmas y protocolos de búsqueda de personas desaparecidas establecidos.

Ocho días más tarde, el autor de los hechos confesaría la muerte de su mujer, guiando a los investigadores hasta el pantano en el que ocultó su cadáver, quienes no tuvieron excesivas dificultades para hallar los restos mortales de María José gracias a las indicaciones recibidas, permaneciendo desde entonces en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza en el centro penitenciario Madrid VII (Estremera). El Ministerio Fiscal solicita una pena de 14 años de prisión por homicidio con la circunstancia agravante de parentesco y la circunstancia atenuante de trastorno psiquiátrico.

María José Pallarés representó la victima número cuarenta por violencia de género en el año 2018, pero su caso no se corresponde con los mecanismos habituales de este tipo de delitos. Si bien es cierto que la fallecida había sido víctima habitual de malos tratos, estos nunca habían sido denunciados, lo cual, por desgracia, resulta algo muy común cuando se analizan las estadísticas de malos tratos en nuestro país, especialmente en cuanto a las victimas mortales se refiere.

Pero lo que realmente llama la atención de este caso son dos aspectos que nos suelen ser habituales en los homicidios o asesinatos por violencia de género:

En primer lugar, resulta llamativo la sangre fría con la que actuó el autor material de los hechos a la hora de ocultar el cadáver de su esposa, trasladándolo más de 360 km por carretera en el maletero de un coche, para posteriormente hundirlo maniatado, amordazado y con la cabeza cubierta con una bolsa de basura en el fondo de un pantano con la ayuda de una losa.

Por otra parte, igualmente sorprendente se refleja el hecho de que el homicida durante ocho días ocultara lo ocurrido a sus cuatro hijos, todos mayores de edad, así como a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, fingiendo una huida voluntaria de la fallecida, escudándose en unos supuestos problemas psiquiátricos depresivos que la misma padecía.

Llegados a este punto, resulta inevitable trazar paralelismos con el actual caso de la llamada “viuda negra de Godelleta”- de ahí el título de esta crónica- quien, supuestamente y con la colaboración de su hijo menor de 17 años, terminó con la vida de su pareja Isaac Guillén, un expolicía local que padecía una enfermedad degenerativa que le mantuvo los últimos años de su vida postrado en una silla de ruedas con una movilidad cada vez más mermada, no dudando en simular ante familiares y amigos una huida voluntaria, y muy poco creíble, de la víctima en la supuesta intención de someterse a una eutanasia pasiva ante su cada vez más precario estado de salud, llegando a suplantar su identidad en distintas redes sociales desde las que interactuaba con amigos y familiares del fallecido, cuyo cuerpo, tras haber sido asfixiado por su mujer, hacía meses se encontraba enterrado en una finca alquilada por esta.

Este lunes un jurado popular compuesto por nueve hombres y mujeres tendrá en sus manos el destino de Gaspar Olmo.