El 22 de diciembre de 2000, El País publicaba que Alberto Royuela había denunciado varias veces que “conocidos jueces y fiscales habían evadido sumas millonarias de dinero a Suiza o países suramericanos de manera directa o a través de familiares”. En la primera denuncia acusaba a la magistrada Roser Aixandri Tarre, titular del Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona, de canalizar las inversiones en Panamá de numeroso jueces y fiscales a través de sus esposas, como el fiscal Carlos Jiménez Villarejo, que fue el creador de la trama criminal denunciada en el Expediente Royuela, mientras la wikipedia refleja quien es su familia, sus reconocimientos y ascensos, como un ciudadano ejemplar y eurodiputado de PODEMOS. También denunciaba a Gerardo Thomas Andréu que era Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, desde 1993,

El País también informaba que estos dos jueces habían sido denunciados ante Hacienda.

Como represalia, esta jueza instruyó una denuncia contra Alberto Royuela que acabó siendo condenado por el mencionado juez Thomas, es decir, los dos denunciados, eludiendo su incompatibilidad como denunciados. También prevaricaron para que fuera a prisión por esta condena, ilegalmente porque era menos de 24 meses y Royuela no tenía antecedentes penales. La querella la firmó el fiscal Carlos Ramos Rubio, que formaba parte de otra banda criminal que se describirá más adelante.

El Expediente Royuela documenta que el referido Presidente Thomas, tenía un trato con el Fiscal Jefe José María Mena Álvarez, creador de la banda criminal, y con el difunto Guillem Vidal Andreu, para repartirse los sobornos para amañar sentencias. Vidal Andreu fue Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (1994-2004), es decir, el máximo cargo del poder judicial en Cataluña.

El 5 de octubre de 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya registró una querella del periodista Juan Martínez Grasa por cohecho y prevaricación, contra cuatro jueces y dos fiscales, concretamente: los jueces Eduardo Navarro Blasco (4.490.000 de euros, 50.000.000 de pesetas y 2.400.000 de francos suizos -más de 1.600.000 de euros-; además, de cuentas en Londres en sucursales de dos bancos suizos) y Magdalena Jiménez Jiménez (5.000.000 de euros y 3.000.000 de francos suizos – más de 2.000.000 de euros), y Jesús Navarro Morales (1.310.000 euros, 100.000.000 de pesetas y 2.400.000 francos suizos –más de 1.600.000 euros-) y José Francisco Orti Ponte (7.092.000 euros, 100.000.000 de pesetas y 2.400.000 francos suizos –más de 1.600.000 euros-), ambos magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, y los fiscales Isabel Castellano Rausill (4.783.000 de euros y 3.600.000 francos suizos -más de 2.400.000 euros) y Carlos Ramos Rubio. En la querella se aportan las denuncias ante Hacienda, la “relación de empresas que efectúan los pagos” y las cuentas bancarias con la información completa y desglosada de los ingresos, aunque entre paréntesis se ha reflejado la suma de los saldos bancarios que tenían todos ellos en las mismas sucursales de los mismos bancos, en Madrid, A Coruña y Londres.

Se les acusaba de “que todos ellos estaban integrados en una RED que controlaba los capitales provenientes de empresarios deudores de la Hacienda Pública Pública a cambio de archivar”, es decir, extorsionaban a los denunciados para encubrir sus delitos tributarios y el dinero “debía ser ingresada en una de esas referidas cuentas en el extranjero; y si el ingreso se producía, el expediente fiscal se archivaba”. También se dice en la querella: “la conducta de los querellados, que no son caso único, ya que dentro de la Fiscalía como del conjunto de Jueces, existen otros casos a los que no nos referiremos por no constituir el objeto de la presente querella”.

Sin denunciarla, se referían las cuentas de la referida jueza Roser Aixandri Tarre, que formaban parte del Expediente nº 1408/2004 de la Agencia Tributaria de Madrid, por importe de 3.432.000 euros y  del Expediente nº 1136/2004 de la Agencia Tributaria de A Coruña, por importe de 970.000 euros.

Además de los querellados, se aportaba información de cuentas bancarias, con dinero procedente de la corrupción, de Felipe González (ex Presidente del Gobierno español), de Juan Alberto Belloch Julbe (ex Ministro de Justicia del PSOE), Carlos Jiménez Villarejo (ex Fiscal Jefe Anticorrupción del PSOE), José María Mena Álvarez (Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña) y familiares de todos ellos, Margarita Robles Fernández (magistrada del Tribunal Supremo y actual Ministra de Defensa). Además, Margarita Robles tenía 18 millones de dólares en Panamá, la misma cantidad que el ex Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, ambos superados por el citado también ex Ministro de Justicia Belloch  que tenía 24 millones de dólares.

Se incluía en esta documentación a los siguientes magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona: Claudia Bayarri García, Guillermo Castello Guilabert y Nuria Barriga López.

Del Tribunal Constitucional aparece el magistrado Carlos Viver Pi-Suñer.

También aparece el magistrado Vicente Navarro Verdejo.

Todos ellos con cantidades millonarias supuestamente obtenidos por extorsionar o aceptar sobornos a cambio de encubrir delitos.

El 18 de julio de 2002, el Tribunal Supremo registró la querella de Alberto Royuela contra los referidos fiscales Mena y Jiménez Villarejo, por “llevar a cabo una masiva investigación acerca de los “bienes, patrimonio y actividades personales” de un gran número de Jueces, Fiscales y Magistrados” que “no guardan relación alguna con las funciones propias de sus cargos”. Entre los investigados figuran Carlos Granados Pérez, magistrado del Tribunal Supremo, que después le extorsionarían como veremos.

También figuran los fiscales Fernando Herrero-Tejedor Algar, Juan José Barrenechea de Castro, Cesáreo Ortiz Úrculo y Joaquín Sánchez-Covisa Villa. El 21 de septiembre de 2017, los tres primeros ya no eran fiscales, mientras el último era Fiscal de Sala de Extranjería (Madrid) y estaba colocado en el puesto 14 del escalafón de la carrera fiscal.

Se investigaron las “actividades personales y patrimoniales”, Jiménez Villarejo de “un total de 243 altos funcionarios de la Administración de Justicia, desde Presidentes de Audiencias Provinciales a Magistrados de Sala y Fiscales” “de toda España, excepto Cataluña” con alguna excepción. Jiménez Villarejo delegó en su segundo, el citado Teniente Fiscal Mena, la investigación a las mismas autoridades judiciales en Cataluña, investigando a 148 “Magistrados, Jueces y Fiscales” de Cataluña, para facilitar los sobornos y las extorsiones para amañar sentencias.

También se investigó a Fernando Ruiz Piñero,Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

Investigaron a once magistrados y a seis fiscales del Tribunal Supremo, así como a dos fiscales de la Fiscalía General del Estado, también a magistrados de varios TSJ.

Los informes se encargaban a Rafael García Ruiz, Sargento de la Guardia Civil, adscrito a la Policía Judicial de la Fiscalía del TSJ de Catalunya, que dirigían Jiménez Villarejo y Mena.

En otros documentos del Expediente Royuela se refiere a la extorsión, en 2006, a los siguientes cuatro magistrados del Tribunal Supremo, para que prevaricaran y encubrieran 34 asesinatos: Joaquín Giménez García, Carlos Granados Pérez y Diego Antonio Ramos Gancedo y José Ramón Soriano Soriano.

Al primero le extorsionaron porque su esposa adquirió una parcela de 40.000 m2 en Jaén, con dinero procedente de la corrupción del magistrado. Al segundo por el depósito que su esposa tenía en Suiza de un millón de euros, provenientes del soborno/extorsión de Emilio Botín. Al tercero por hacerse una casa en Menorca con dinero obtenido por dejar libre al narcotraficante Fajardo, para que se diera a la fuga. Al cuarto por un depósito bancario de 600.000 euros a nombre de una sociedad administrada por su esposa, con profesión sus labores, obtenido como pago por favorecer a un narcotraficante gallego.

Fuera ya del poder judicial, el Tribunal Constitucional amañó más de 50 sentencias, en las que extorsionaba a una de las partes o se aceptaban los sobornos de ciertos abogados. Los acuerdos oscilaban entre las 500.000 pesetas (3.000 euros) y los 20 millones de pesetas (120.000 euros), y cuando no se pagaba la cantidad se le perjudicaba por “No hay acuerdo económico”, “no colabora”, “rehusó pacto económico”,”no se avino al mínimo de 500.000”.

A los magistrados del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, no les importaba perjudicar a una administración pública con su prevaricación.

Podemos concluir que numerosos fiscales y jueces se lucran criminalmente con su trabajo funcionarial, perjudicando el interés general y el interés institucional (reduciendo ingresos tributarios o haciendo pagar a las administraciones públicas).

La judicatura es la última garantía institucional de una democracia, en cuanto a controlar el exceso de las autoridades públicas administrativas, incluyendo a los políticos, y del resto de las instituciones, porque de lo contrario, la corrupción se convierte en la prioridad.

No podría existir la brutal corrupción política sin corrupción judicial y constitucional. La corrupción judicial es sistémica, no son jueces sueltos, y es la causa de que la corrupción sea el negocio más lucrativo en España (8% del PIB en 2018, según la UE), superando los beneficios de todo el sistema financiero, la construcción y el sector de la energía.

Así es España y la corrupción judicial es la principal causa de la decadencia.