Javier Marzal, en nombre propio y de otras víctimas de la metamafia judicial y de la metamafia constitucional, ha elevado cuatro demandas ante el TEDH, redactadas por ANVIPED, por represalias a un agente de la Policía Local, a un abogado y a él mismo.

El agente de la Policía Local, es Juan Martí, que fue represaliado por denunciar mediática y judicialmente, la corrupción del capo de la Policía Local y del Alcalde de Massamagrell (Valencia). La última represalia sucedió en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia, donde recayó su querella contra un abogado por estafa, en las Diligencias Previas 763/2020. El Auto de incoación tuvo que ser aclarado por favorecer la nulidad de actuaciones. El recurso de apelación 264/2021 fue desestimado por los magistrados José Manuel Ortega Lorente, Dolores Hernández Rueda y Pedro Antonio Casas Cobo, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia, mediante Auto del 24/03/2021. El auto es más descaradamente incongruente aún que el Auto de sobreseimiento de la jueza instructora Beatriz Carmen Sobremonte Andres.

El abogado fue condenado por la denuncia de corrupción en uno de los recursos que presentó en una actuación criminal de una banda de LAJ, jueces y magistrados de dos Juzgados de 1ª Instancia de Madrid y dos Secciones de la Audiencia Provincial. Esta banda criminal fue denunciada por nuestro Presidente ante la fiscalía General del Estado, ante el Consejo General del Poder Judicial, ante Naciones Unidas y ante la Unión europea, estando estas dos últimas pendiente de respuesta.

La jueza Marta Díez Pérez-Caballero, titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid, promovió su abstención por la cantidad de irregularidades que había cometido y quedaban reflejadas en los recursos, pero antes denunció al abogado como represalia por denunciar su corrupción.

La fiscal Mercedes Barthe G. de Castro, por orden escrita de su jefe José Javier Polo Rodríguez, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, interpuso querella por calumniar a la jueza.

La querella fue tramitada por el juez Juan Carlos Peinado García en las Diligencias Previas 1168/2017 del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. Su corrupción fue denunciada en cada recurso y éste denunció al abogado.

Los jueces de instrucción, los magistrados de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional se sumaron a la orgía de corrupción, ignorando o despreciando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Nuestro Presidente demandó por corrupción de un juez instructor de Madrid, la jueza instructora Esther Leo Abad, titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Arganda del Rey (Madrid),  y varias secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, estando recusadas más de la mitad de secciones por corrupción.

Esta metamafia judicial encubrió una denuncia contra 14 jueces, 11 fiscales (incluyendo la Fiscal Jefe de Área de Alcalá de Henares) y los secretarios judiciales de todos los Jugados de Arganda.

El Auto de la la jueza Esther Leo Abad, de cuatro paginas, está entre las resoluciones más descaradamente corruptas de la historia de España, porque no hace falta documentación adicional para ver la corrupción. La jueza encubre a su propia banda, porque ella también estaba denunciada por su actuaciones criminales en dos procedimientos penales, encubriendo a varios agentes de la metamafia policial de la Guardia Civil en Rivas-Vaciamadrid, y a cinco oficiales de Rivas, Arganda del Rey y Alcalá de Henares.

Es la primera vez que se demanda ante el TEDH por normas europeas contra la corrupción, tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea. Es poco conocido que el TEDH es competente para pronunciarse sobre demandas que alegan violaciones de las normas europeas.

Cuando sean imitadas estas demandas, se iniciará una revolución judicial sin precedentes.

Las demandas han sido redactada por el equipo jurídico de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED).