El 16 de junio de 2021, con el Número de referencia: PP.00075/2021/ES, Javier Marzal, ha denunciado ante la Fiscalía Europea a todos los organismos públicos españoles, así como a las asociaciones y fundaciones, públicas y privadas, como posibles beneficiarios de la corrupción creada por el Gobierno mediante la Orden TMA/336/2020 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Javier Marzal es articulista y Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED).

Esta corrupción es gestionada por la Comunidades Autónomas, siendo otro negocio de La Casta y de La Nueva Casta.

En la denuncia se dice que los hechos denunciados pueden perjudicar los intereses de la Unión Europea en 10.000 millones anuales.

El texto de la denuncia es el siguiente:

En abril de 2020, varios medios publicaron mi artículo con el titular: “la corrupción crece más que el desempleo” cuyo texto reproduzco íntegramente para denunciar dónde está yendo parte de los más de 110.000 millones de euros que el corrupto Banco Central Europeo prestó en 2020 a la metamafia institucional española y de los 140.000 millones de euros comprometidos para la reconstrucción de la destrucción de la economía española que lleva realizando el Gobierno, desde principios de 2020.

Numerosos juristas han criticado que el Gobierno se autoconcediera poderes ilimitados, de forma inconstitucional, mediante el Real Decreto de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, pero nada se ha dicho de los motivos de este totalitarismo, más allá de culpabilizar al coronavirus de la crisis económica que estaba anunciada desde 2018.

La realidad es que se han tomado medidas tardías o dicho de otra forma, se ha impulsado la pandemia, por motivos bien conocidos en España y a nivel internacional. Entre otras causas se pueden destacar el empobrecimiento masivo de la población para controlarla mejor y aumentar su dependencia de los políticos, el empobrecimiento del sector empresarial para aumentar el poder económico del los políticos, aumentar el gasto público para reforzar los dos motivos anteriores y para aumentar la corrupción.

Esta estrategia es heredera de los anteriores gobiernos de Zapatero y Rajoy, endeudando al país, debilitando el tejido empresarial y empobreciendo a la población.

Ya se ha anunciado en la mayoría de los países ricos que va a aumentar la deuda pública a niveles desconocidos, una enorme cantidad de dinero que van a gestionar las corruptas administraciones públicas.

España es uno de los líderes en corrupción del mundo y, lógicamente, los poderes plenipotenciarios van a utilizarse para llevar la corrupción a unos niveles nunca vistos.

El 9 de abril el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aprobó la Orden TMA/336/2020, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

En teoría el objetivo de esta norma consiste en ayudar a las personas con problemas de vivienda. Los requisitos hacen que sean muy pocos los beneficiarios potenciales; sin embargo, crea un negocio innecesario que puede ser descomunal, un negocio del que se beneficiarán los políticos municipales, autonómicos y estatales.

El artículo 5.4 establece subvenciones para quienes compren viviendas destinadas “al alquiler o cesión en uso” “de hasta un máximo de 400 euros por metro cuadrado de superficie útil”  y “Esta subvención es compatible con cualquiera otra subvención concedida por otras Administraciones Públicas para el mismo objeto". Ni que decir tiene que los políticos van a comprar viviendas sin pagarlas, mediante subvenciones estatales, autonómicas y municipales. Sin duda, Sánchez supera en descaro a Rajoy que ya era más descarado aún que ZP en cuanto a la corrupción.

Esta medida no puede entenderse como necesaria con el elevado parque de viviendas deshabitadas y de inversores inmobiliarios.

Para impulsar al máximo la corrupción, según el artículo 5.6 de la referida ORDEN: “la ayuda se podrá conceder mediante adjudicación directa y se pagará al beneficiario con carácter previo a la formalización de la escritura pública de compraventa”.

¿Cuánto dinero habrán robado ya las autoridades públicas de las medidas destinadas al sector empresarial?

La propiedad privada está pasando a manos de las autoridades públicas que nos están llevando a un nivel de totalitarismo y corrupción nunca visto. Apelo a la responsabilidad hacia las generaciones venideras para impedirlo.

PD: El requerimiento de denunciar lo que aquí se denuncia, ante una fiscal que ha formado parte de la Fiscalía Anticorrupción española y que ha sido propuesta por el Gobierno de España, supone una burla hacia todos los españoles y una forma de impulsar el euroescepticismo, especialmente desde que los tribunales europeos llevan encubriendo la corrupción española desde que en 1999 promulgaron las primeras normas contra la corrupción, obteniendo como resultado un aumento considerable de la corrupción.

Javier Marzal

Librepensador, escritor y activista social